El representante de la Unión de Comunidades Islámicas de
Ceuta (UCIDEC), Laarbi Maateis, contempla la propuesta
estatal de equiparar la financiación religiosa al 0,7% de la
cuota íntegra del IRPF entre los colectivos de notorio
arraigo en España (católicos, protestantes, musulmanes y
judíos) como un “proyecto muy importante para acabar con el
agravio comparativo” con la Iglesia. Una postura “de
consenso y de buena voluntad” gubernamental, a pesar de
considerar que la Comisión Islámica de España (CIE) es “la
más discriminada de todas en materia de subvenciones” y que
“el único beneficio” del Ejecutivo nacional a su comunidad
ha sido la creación de la Fundación Pluralismo y
Convivencia, en 2005.
Con el objetivo de impulsar este proyecto, Maateis
trasladará, en próximas fechas, a Riay Tatary (UCIDE) un
plan de desarrollo para sufragar los proyectos de su
comunidad “a través del 1% Cultural y de las reservas de los
Presupuestos Generales del Estado”. Un planteamiento que
servirá “para que las comunidades más marginadas puedan
funcionar con total transparencia”.
Y es que, según explica el representante de la UCIDEC, hay
numerosos socios de la CIE que, “a pesar de actuar de buena
fe, por miedo a vinculaciones negativas, se abstienen de
aportar donaciones”, como es el caso de “un amplio número”
de empresarios de Ceuta y Melilla.
En el grueso del tema, Maateis mantiene la misma postura que
Tatary ante la propuesta del Ejecutivo. “Opino lo mismo, si
se hace un seguimiento de las subvenciones en un marco
legal, mejorará la situación financiera porque, a nivel
local, también nos deja en desagravio”, critica.
“Discriminatoria” designación de subvenciones en Ceuta
En la ciudad autónoma, la Asamblea aporta 100.000 euros
anuales a cada una de las comunidades para fomentar la
convivencia y la multiculturalidad. Sin embargo, Maateis
lamenta que de los 21 colectivos inscritos en la Unión de
Comunidades Islámicas de la ciudad, en 2007, se designó
dotación a una sola entidad, y de las otras treinta
asociaciones de otras comunidades, más de la mitad tienen
subvención; esto es discriminatorio”.
A su juicio, hay comunidades en la ciudad a las que se les
hace “caso omiso” y con el proyecto estatal, se iniciaría un
camino hacia “la equiparación de derechos en Ceuta”. En su
opinión, “se puede acabar con muchas diferencias que se
arrastran desde hace años”, en materia financiera, entre las
confesiones.
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