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La visita, el próximo lunes y
martes, de la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo,
a Ceuta, servirá para poner las bases de una de las
actuaciones que más deberían contribuir a mejorar las
condiciones de vida de ese “gran sector” de la población
ceutí que tiene “enormes dificultades” para acceder a una
vivienda “digna y adecuada”, como ayer reconoció la portavoz
del Gobierno autonómico, Yolanda Bel.
El convenio marco de colaboración que ambas instituciones
suscribirán para la construcción de 600 viviendas de
protección oficial destinadas al alquiler debe contribuir no
sólo a reducir las bajísimas tasas de emancipación que
registran actualmente los jóvenes ceutíes, sino también para
brindar un domicilio alternativo a esos ancianos que, con el
paso de los años, se encuentran actualmente residiendo en
minúsculas infraviviendas que en muchos casos presentan un
muy deficiente estado de conservación.
La apuesta conjunta debe disipar, además, las dudas que a
veces siembra el que un sólo color político gestione la
promoción y posterior adjudicación de viviendas protegidas,
que con el incontrolable ritmo de subida de los precios de
las casas se han convertido en un verdadero premio capaz de
aligerar la carga económica mensual de una familia durante
prácticamente toda su vida.
Ahora, Ciudad y Administración General del Estado, que han
sabido dar un ejemplo de entendimiento poco común en época
preelectoral como la que vivimos, deberán afanarse para que
los plazos de sólo tres años que ayer adelantó la consejera
de Sanidad para hacer realidad el proyecto se cumplan
escrupulosamente y no se frustren las esperanzas que el
convenio despertará en todos los jóvenes, mayores y unidades
familiares con recursos limitados (aproximadamente hasta
1.800 euros mensuales de renta ponderada) que han sido
señalados como principales beneficiarios del acuerdo.
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OPINIÓN / EDITORIAL
