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La figura de un testigo protegido, como confidente, cobra
especial protagonismo y preocupación en el entorno policial
que debe velar por su seguridad, dado que las informaciones
facilitadas a la Policía, comprobadas escrupulosamente, han
dado como resultado el aporte de pruebas suficientes, y de
tal calado, como para que la Dirección General de la Policía
informara tanto a Garzón como al ministro Rubalcaba sobre la
necesidad de actuar, no sólo por el hecho de que el grupo,
“en fase embrionaria”, iniciara un proceso aún más fanático,
sino por la alarma social que comenzaba a respirarse en
Ceuta y, por extensión, en el resto del territorio nacional
tras varios informes publicados en los medios de
comunicación en los que se aportaban datos fidedignos sobre
las evidentes condiciones que se daban en el barrio del
Príncipe Alfonso para el radicalismo islamista; así como los
datos que apuntaban a los ‘trabajos’ de reclutamiento de
soldados de confesión musulmana en la guarnición ceutí.
Buscaban atentar en nuestro país. La célula desarticulada en
Ceuta planeaba presuntamente el asalto y robo en algunos de
los polvorines ubicados en la ciudad. La Comisaría General
de Información, según información a la que ha tenido acceso
El Pueblo de Ceuta, estaría verificando varios contactos
entre algunos miembros de la célula ceutí con, al menos,
tres soldados musulmanes de la guarnición dependiente de la
Comandancia General.
Los cabecillas de la célula, considerados miembros de la
organización conocida como ‘Al Haraka Salafiya Yihadia’
-vinculada al Grupo Islámico Combatiente Marroquí, al que se
le acusa estar detrás de las matanzas de Casablanca y
Madrid- pudieron haber obtenido ciertas informaciones acerca
de accesos y sus vigilancias de algún polvorín ubicado en el
monte Hacho.
Los presuntos terroristas tendrían como primer objetivo
extraer armas y explosivos de las galerías militares
subterráneas; para ello podrían tener previsto planes, bien
para el asalto y robo –casi descartado por ellos mismos-, o
bien lograr la obtención de este material poco a poco
enajenando munición sin que si pérdida se notase
inmediatamente, explosivos e incluso armas. Las pruebas
obtenidas por la investigación apuntarían al polvorín de
Valdeaguas como objetivo, aunque oficialmente se haya
informado de que aún, el grupo, no contaba con un plan
concreto de actuación.
Los Servicios de Información de la Guardia Civil estaban
también detrás de dicho grupo radical, pero la Policía
Nacional disponía ya de varias conversaciones grabadas, y en
poder del juez Baltasar Garzón, realizadas entre los
presuntos terroristas detenidos.
Las grabaciones indicarían la ‘relación’ con soldados
profesionales de confesión musulmana después de que fueran
‘captados’ para la ‘causa’ en el interior de una mezquita
ubicada en la calle San Daniel, donde se prodigaban las
reuniones y los rezos. La mentada mezquita, conocida como la
de Darkawia y ubicada en el corazón del populoso barrio de
‘Príncipe Alfonso’, está regentada por una ‘comisión
islámica’ cuyos miembros no han sido, hasta ahora, ni
detenidos ni llamados a declarar, aunque se sostiene que de
sus enseñanzas se habría logrado el ‘fruto’ de la formación
de la célula desarticulada.
La mezquita de Darkawia era el punto de unión entre los
integrantes del grupo detenido y los militares a los que se
hace referencia en la investigación.
Testigo protegido
Cobra protagonismo la figura de un testigo protegido, habida
cuenta, que las las informaciones tramitadas por la Policía,
aportaron suficientes pruebas de ‘calado’ tanto para el juez
Garzón como para el propio ministro de Interior, respecto a
la necesidad de actuar por encontrarse la célula en ‘fase
embrionaria’ y, además, porque se iniciara un proceso aún
más fanático, lo que suponía que empezaba a respirarse en
Ceuta -y, por extensión, en el resto del territorio
nacional- inquietud sobre lo que estaba ocurriendo en la
barriada del Príncipe Alfonso.
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Intervención de 10 agentes de la Administración de Justicia
de Ceuta
Durante la operación ‘Duna’,
desarrollada en la madrugada del martes, en la que unos 300
agentes de la UIP y de los GEOs, junto con el operativo de
apoyo y coordinación de la Jefatura Superior de Ceuta, se
distribuyeron simultáneamente la contundente actuación
policial por diferentes barrios de la ciudad.
Diez agentes judiciales adscritos a la Administración de
Justicia en Ceuta cumplieron con su cometido de informar y
dar lectura de la orden judicial pertinente que validaba los
registros policiales iniciando así la trascendental ‘cadena
de custodia’.
Los funcionarios de Justicia acompañaron en cada uno de los
registros a los agentes policiales; estuvieron presentes en
cada una de las habitaciones inspeccionadas y levantaron
acta de cuanto material se halló en el interior de las
viviendas. Este material custodiado, considerado como
pruebas, quedó embalado y precintado bajo la supervisión de
los agentes judiciales antes de su traslado a Madrid donde
se abrirá, probablemente hoy, bajo la supervisión de la
Audiencia Nacional para constituir elementos probatorios
añadidos que refuercen la acusación de los delitos a los que
se enfrentan los detenidos.
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operación ‘duna’ / implicaciones
