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En su referencia a lo tratado en
el Consejo de Ministros del viernes pasado, la
Vicepresidenta del Gobierno Maria Teresa Fernández de la
Vega dio cuenta del nuevo acuerdo alcanzado para la
financiación de la Iglesia Católica deduciéndose de sus
manifestaciones que viene a suprimirse la actual dotación
directa del Estado a la institución religiosa, aun cuando se
le incrementa la asignación de fondos a través del Impuesto
de la Renta de las Personas Físicas (hasta ahora disponía de
un 0,5239 % de aquellos contribuyentes que marcaban la
casilla al efecto en su declaración, recibiendo ahora el
0,70 %), suprimiéndose la actual dotación directa del
Estado. Por su parte, el portavoz de la Conferencia
Episcopal Española Juan Antonio Martínez Camino consideró
que con el acuerdo alcanzado con el Gobierno espera “seguir
como está, no ir a peor ni enriquecerse”, significando que
ahora la continuidad en el trabajo pastoral y social de la
institución depende solo de la voluntad de colaborar con la
misma y de que en la declaración de la renta se ponga “X” en
la casilla citada.
Y nos parece bien que la Iglesia, en un estado aconfesional
como el nuestro, se auto financie por los donativos de sus
fieles, por las aportaciones no solo en dinero sino también
en el trabajo y entrega voluntaria de las personas, de los
sacerdotes que reciben unos sueldos escasos y de los
religiosos que trabajan sin salarios como señala el P.
Martínez Camino. Pero también hay que reconocer que el
Estado debe compensar a la Iglesia las prestaciones y
servicios en la enseñanza, asistencia en hospitales y
sanatorios de enfermedades infecto-contagiosas (sida,
tuberculosis, lepra, por ejemplo), centros de tratamiento de
enfermos terminales psiquiátricos que no cubre la Seguridad
Social, atención a personas con minusvalías físicas,
mentales y psicológicas, comedores, casas de acogida para
inmigrantes y desvalidos, colegios especiales, etc. no solo
en nuestro país sino también en el tercer mundo, tanto en
América, como en África, Asia e, inclusive, Oceanía. Por eso
es bueno que esta compensación se canalice a través del
I.R.P.F. y que no sea una “dotación directa” del Estado, aun
cuando tampoco supondría la asignación de una subvención
económica ninguna diferenciación con otras entidades
benéficas no gubernamentales que sí las perciben anualmente
tanto del propio Estado como de los gobiernos autonómicos,
provinciales o locales.
Por otro lado también se ha llegado al acuerdo de introducir
mayor transparencia al sistema de financiación de la
Iglesia, la que tendrá que presentar al Gobierno cada año
una memoria económica justificativa de la distribución del
gasto correspondiente a los ingresos vía I.R.P.F. Y no está
mal, tampoco, es bueno que se fiscalice este nuevo sistema
de subvención expresa que asignan los contribuyentes, de una
parte, para acallar a quienes, sin reconocer la ingente
labor que lleva a cabo, se permiten el lujo de criticarla y,
por otra, para tranquilidad de la Conferencia Episcopal
Española, que gobierna y dirige las comunidades cristianas,
al dar a la luz pública el resultado de su gestión anual con
inclusión, como es lógico, del rendimiento de cuentas para
conocimiento y satisfacción de quienes colaboran marcando
con una X en su declaración de la renta la casilla
correspondiente de la asignación tributaria a la Iglesia
Católica o a otros fines sociales, puesto que las dos
opciones no constituyen una alternativa, sino que pueden ser
elegidas a la vez.
La Iglesia, para terminar, como nos decían en la catequesis,
somos todos y es católica o universal porque en ella tienen
cabida hombres y mujeres sin distinción o raza o de color,
por lo que es un deber ciudadano colaborar para mantener la
esencial obra humana que lleva a cabo inmersa en la doctrina
social que se desprende de sus postulados.
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OPINIÓN / PERSONAL Y TRANSFERIBLE
