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La Ciudad Autónoma vendió la semana pasada la parcela RC-7
del Recinto Sur a una sociedad cooperativa mediante un
sistema de subasta pública que permitió elevar la puja hasta
los 7,1 millones de euros. La finalidad del Gobierno era la
de dejar esta parcela en manos de inversores privados con el
compromiso de construir viviendas de promoción libre con un
plazo máximo de seis meses para entregar el proyecto de
obra, lo que evitaría la posibilidad de especular sobre el
valor del terreno.
El traspaso anunciado por el presidente, Juan Jesús Vivas,
de una parte de esta venta (unos tres millones de euros) que
pasará a engrosar el presupuesto del Plan de Dotación en
Barriadas, ha suscitado las críticas de algunos partidos de
la oposición. El líder de UDCE, Mohamed Alí, explicó durante
el pasado Pleno que la legislación obliga a destinar el
dinero que genera la Ciudad mediante la venta de suelo
público a equipar el propio patrimonio del suelo municipal,
por lo que el Gobierno podría estar incurriendo en una
ilegalidad.
Según fuentes procedentes de la consejería de Fomento, “la
ley prevé unos destinos muy concretos para el resultado de
una enajenación de patrimonio público, que es la inversión
pública en mejora del patrimonio, entre lo cual se encuentra
la construcción de nuevas viviendas o la promoción de
urbanizaciones con fines residenciales”.
En la Ciudad Autónoma esta vía se ha utilizado en dos
ocasiones, con la parcela de la Gran Vía, de la que ya se ha
terminado de ejecutar la primera fase de Huerta Téllez, y
con el caso que nos ocupa. La consejería de Fomento asegura
que en cualquiera de los dos casos “la ley se respeta
escrupulosamente”.
La parcela RC-7 es una unidad de ejecución perteneciente al
Plan Especial de Reforma de Recinto Sur y la capacidad de la
misma permitiría alojar aproximadamente medio centenar de
viviendas, en función de su tamaño.
A raíz de esta venta, el PSPC lanzó un comunicado de prensa
en el que advertía de la responsabilidad del Gobierno en el
elevado precio de la vivienda y le acusaba de
“especulación”. Según esta formación política, la Ciudad no
vela por paralizar el precio de la vivienda, sino que
“fomenta el encarecimiento”.
La Ciudad, a través de la consejería de Fomento, ha
reafirmado que la actuación se ha realizado “en defensa de
los intereses generales sacando el máximo rendimiento
posible por el suelo público, lo que repercutirá en nuevas
inversiones”.
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urbanismo / dotación en barriadas
