|
La inclusión en la Ley Orgánica de Educación de un área
denominada Educación para la ciudadanía y los Derechos
Humanos ha provocado una espiral de reacciones, muchas de
ellas ultramontanas, procedentes de la jerarquía
eclesiástica y de entornos conservadores, en las que afirman
que esta medida, para ellos una imposición, supone un
intento del Gobierno por implantar un sistema con el que
adoctrinar a los estudiantes y llevarlos del lado de la
ideología que preconiza el propio Gobierno.
Prestos y audaces, los sectores educativos situados a la
derecha, todos ellos con un peso católico determinante, han
organizado plataformas contra la educación para la
ciudadanía. Parece como si quisieran que éste tomara el
relevo al recurrente debate de religión en las aulas sí,
religión en las aulas no. Pero con esta estrategia obvian
que no hay lugar para la comparación.
El debate sobre religión sí, religión no se ha convertido en
el auténtico paradigma en cualquier debate educativo en el
país, ya que alude a un tema cerrado en la Constitución por
consenso, pero trastocado con la firma del Concordato, lo
que no impide que nuestra realidad laica pueda acogerse a
una legalidad aconfesional.
¿Qué es lo que convierte en vano y torticero este intento de
equiparar ambas materias?. ¿Por qué para nosotros no hay
ninguna duda?. Educación para la ciudadanía sí.
Claro que sí, porque los poderes públicos pueden y deben
organizar enseñanzas que trasmitan a los estudiantes
valores, derechos y deberes. Por mucho que le duela a la
jerarquía católica, la iglesia no legisla, la iglesia podrá
dar su opinión, pero tendrá que asumir que los derechos de
la ciudadanía los regula la sociedad a través del Estado,
porque, sencillamente, la organización de la vida en común,
la compartida en un espacio de convivencia bajo unas normas
colectivas, pertenece a los ciudadanos y ciudadanas
democráticamente, a los ciudadanos y ciudadanas individuales
que se aglutinan en sociedad. No pertenece a Dios. La vida
es de los hombres y mujeres y con ella hacen lo que quieren
de acuerdo a la ley que sanciona la mayoría.
Por tanto, si tenemos claro que esta asignatura no es una
imposición, sino la voluntad de la mayoría, podemos avanzar
en sus contenidos y estructura, aseverando que no constituye
tampoco un compendio de ideas de partido o de gobierno,
puesto que, como recordaba la gran pedagoga y activista de
la pública Marta Mata, en 1791 Condorcet asentaba las bases
para la escuela pública señalando que la enseñanza de los
Derechos Humanos debía serlo como conquista de la humanidad,
no como un dogma. Y esta es la idea que reflejan los
diferentes documentos existentes como borradores de la
asignatura.
Para nosotros, jóvenes socialistas, esta área debe buscar la
formación para la información y el conocimiento, la
información para la opinión, y la opinión para la
participación y la crítica social. Estas son las bases sobre
las que se asienta una sociedad donde los ciudadanos son
responsables, y tratan de trabajar en torno al diálogo, el
consenso y el acuerdo.
Es necesario que, además de en los currículos de la
filosofía o de la ética, se enseñen, orientados en el
ejercicio de la práctica ciudadana, los valores de la
ilustración impulsados por la Razón, vertebradores del
europeismo y de la defensa de los Derechos Humanos; los
valores liberales, que reivindican la libertad individual,
la emancipación del ser,C su total independencia; los
valores democráticos, formados por las igualdad de todos y
todas ante la ley, la representación a través de las
instituciones y el gobierno de la mayoría para todos y
todas; los valores de la solidaridad y del compromiso con el
otro y con sus necesidades.
Se hace necesario, por tanto, una asignatura que enseñe y
potencie los valores ciudadanos y su ejercicio práctico, y
que potencie también la práctica misma de éstos en el aula,
a través de la entrada de otros actores de la ciudadanía,
como los movimientos asociativos de diversa índole,
especialmente los movimientos juveniles y medioambientales.
Esta es nuestra posición, sí a la educación para la
ciudadanía, y estaremos dispuestos a defenderla ante
aquellos que la etiquetan de imposición del gobierno
socialista, siempre dentro de las formas y reglas de la
democracia, de la limpieza del debate público, igual que
seguimos reivindicando que la regulación final de la
enseñanza de las religiones quede exenta de optativa alguna,
lo que refuerza, de nuevo, el ejercicio de la libertad de
cada cual para formarse en los valores religiosos que le de
la gana. No en vano, no son éstos valores los que ofrecen el
basamento de las sociedades democráticas. La base de
nuestras sociedades es la ciudadanía. Por qué no enseñar a
ejercerla.
|
OPINIÓN
/
COLABORACIÓN
