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La prohibición de exigir al funcionario de Justicia la
movilidad geográfica, por ejemplo, es uno de los bastiones
“necesarios” para lograr el respeto de los derechos de los
trabajadores que defiende el sindicato.
El proyecto de reforma de la oficina judicial, prevista para
octubre de 2006, amenaza con prolongarse hasta junio de
2007, algo que, según Hernández, evidencia la falta de
interés del ministro, López Aguilar -y de todos en general-
por paliar una situación que afecta “tanto a los
funcionarios como al servicio público”. La mejora de la
transparencia, de la administración y de las
infraestructuras son algunas de las renovaciones urgentes,
informaron desde CCOO.
La reforma de Justicia en Ceuta pasaría, como en el resto de
comunidades, por respetar los derechos de los trabajadores,
máxima impuesta por el sindicato para llegar a un acuerdo
con el ministro de Justicia. Sin embargo, Hernández teme que
se alcancen soluciones sin consenso, algo que perjudicaría a
unos y a otros al no poder imponerse sin rechazos. Otra de
las medidas perseguidas por el sindicato es la de la no
generalización del empleo: “Esto cargaría excesivamente al
funcionario, ya que su trabajo tendría un carácter general.
Por otra parte, el juzgado nº4 aún no está especializado, a
pesar de dedicarse a casos de mujeres maltratadas.
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