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La Ciudad Autónoma asistió ayer a una nueva reunión del
Consejo Superior de Política de Inmigración, un encuentro
que se celebró con la intención de fijar cuotas de
redistribución de los 500 menores extranjeros no acompañados
que ahora residen en centros de acogida canarios y que han
saturados las instalaciones insulares. El Gobierno de las
islas había pedido ayuda al Estado para repartir al medio
millar de jóvenes que ha ido arribando a las costas canarias
en los últimos meses.
Yolanda Bel, consejera de Sanidad y Bienestar Social, y
Miguel Fábrega, director general de Menores, representaron
al Gobierno ceutí que también acudió a Madrid con una serie
de demandas sobre menores. Bel y Fábrega han regresado a la
ciudad con un documento marco que tanto Ceuta como el resto
de autonomías se han comprometido a estudiar. Dicho
documento recoge una propuesta estatal de actuación frente
la saturación en los centros de menores pero que, a juicio
del responsable del área local, exige “paciencia” porque no
señala cifras ni formar de obrar concretas.
El proyecto presentado por Caldera y Rumí a las comunidades
refleja dos posibilidades: que la tutela y guarda de los
menores siga quedando en manos de los Ejecutivos autonómicos
como hasta ahora (por lo que habría que poner en marcha
medidas anexas); o que la tutela sea autonómica y la
custodia estatal. Pero, según explica Fábrega, “no se ha
llegado a hablar de los traslados” sino que se ha
establecido un período e reflexión durante el cual las
comunidades autónomas estudiarán este enfoque. Respecto al
reparto de los menores de Canarias, Fábrega afirma que casi
todos los territorios han hecho pública su solidaridad con
las islas y han mostrado su “predisposición” a la ampliación
de las cuotas de acogida en sus centros. Ceuta ha
manifestado al respecto que no se encuentra en situación de
hacerlo, coyuntura que el Gobierno insular “ha entendido
perfectamente”, dice el director de Menores.
“Dos pases de pecho”
Sobre las cuestiones que la delegación ceutí expuso ayer en
su nombre, el Gobierno realizó “dos buenos pases de pecho”,
ironiza Miguel Fábrega. Caldera no llegó a dar respuesta ni
a las críticas ceutíes ante la “ineficacia” de las pruebas
de oseometría a los menores (sobre las que Fábrega advierte
de errores de hasta 4 años), ni sobre el impulso a la
circular de la Fiscalía que rebajaría la edad de
responsabilidad ante la ley de los menores; ni sobre los
centros de menores que España tenía previsto construir en
Marruecos; ni sobre las medidas a las que se podría adherir
la Ciudad Autónoma ante la saturación de sus propios
centros. La respuesta del Ejecutivo central se limitó,
explica Fábrega, a reconocer que la situación que ase
atraviesa “es difícil y complicada”.
Las comunidades autónomas se han mostrado predispuestas a la
acogida pero ninguna ha concretado una cuota. Cataluña
barajaba las diez plazas pero, por ejemplo, Baleares reiteró
que no hay compromisos fijos.
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La Ciudad, preocupada por el efecto llamada de los traslados
El Gobierno popular de Ceuta
continúa preocupado ante el posible efecto llamada que la
redistribución de menores en centros de la Península podría
provocar. Miguel Fábrega, responsable local del área,
aseguró ayer que “aunque no tendría por qué pasar” su
departamento mantiene ciertas reticencias al en este
sentido. La posibilidad de alcanzar territorio peninsular de
forma periódica podría alentar, a juicio de Fábrega, la
llegada de más jóvenes a la Ciudad Autónoma o a otros
territorios fronterizos.
La sensación con la que vuelve la delegación es la de que
hay que tener paciencia con los planteamientos que quiere
establecer el Gobierno central a pesar de que se presenten
de urgencia.
Finalmente, no hay fecha concreta para una nueva reunión del
Consejo Superior de Política de Inmigración.
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