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Una de las satisfacciones grandes
recibidas en mi vida fue la de haber realizado los estudios
de derecho; formación que complementó otras de profesorado
de enseñanza general básica y superiores de ciencias
químicas. Con verdadero entusiasmo cursé la carrera, ya en
la edad adulta, más que nada para ampliar conocimientos, lo
que me dio un análisis riguroso y profundo, no sólo de las
disciplinas jurídicas, sino también una visión práctica
imprescindible para caminar por la vida y tomar sentido
sobre lo fundamental que es adquirir conciencia de la
justicia. Todo ser humano sabe hoy que es persona y que ha
sentirse como tal, libre y responsable, en el lugar que se
encuentre. En consecuencia, resulta trascendental la labor
de los que trabajan por la justicia. La paz es obra de
ellos. Su labor se acrecienta, no entiende de fronteras,
puesto que las naciones, las diversas economías, culturas,
religiones y estilos de vida se acercan, se universalizan y
se funden.
Si elemental es la justicia, los que ejercen la función
jurisdiccional consistente en juzgar y hacer ejecutar lo
juzgado, juegan un papel substancial para que la convivencia
sea un bien seguro. Dejar que la justicia trabaje en favor
del pueblo del que emana, al margen de confrontaciones y
partidismos, con su carácter de independencia y de
sometimiento al imperio de la ley, me parece la mayor de las
garantías constitucionales.
El acto de apertura de los tribunales y el nuevo año
judicial, considero que es un tiempo propicio para
examinarnos todos sobre nuestra conciencia jurídico-social,
tanto para el pueblo como para los que ejercen la potestad.
En una misma dirección y paralelismo, unos hemos de
considerar el grado de cumplimiento y colaboración con la
justicia requerida y otros han de meditar sobre la
satisfacción del deber cumplido.
Bajo el perfil ético y el espíritu democrático, a todos nos
incumbe e interesa, de una manera u otra, consultar con la
almohada cómo se encuentran los derechos humanos, sociales,
económicos o ambientales. Velar porque el pilar de la
justicia sea cada día más justo y forme patrimonio común, es
tan razonable como decente. Ecuanimidad y armonía no son
inventos de poeta o ideales de soñadores, son valores
radicados en los labios del alma de cada persona ¿Habrá
heroicidad más grande que vivir en la justicia y si es
preciso morir por la paz? Aunque la justicia se administre
por jueces y magistrados, nadie puede eximir la
responsabilidad de que sea bien administrada. Cada uno en su
lugar, todos somos garantes de que la justicia restaure, no
destruya; reconcilie en vez de instigar a la venganza. Bien
mirado, su raíz última se encuentra en enderezar el árbol
para que en el bosque pueda penetrar el sol de la bondad.
En medio del aluvión de progresos científicos y
tecnológicos, avances que no llevan consigo la plena
felicidad, ni tampoco la seguridad de vivir en paz, se han
perdido valores morales y, a cambio, poniendo sobre el
tapete la voz del pueblo, se ha ganado permisividad,
sinrazón, arbitrariedad, atropello por doquier y abuso a
raudales, hasta el extremo de pasar por encima de la
mismísima ley natural. Tal y como está la atmósfera de
desconcertada, o de desconcertante, quizás tenga más
fundamento que nunca, el que las instituciones judiciales,
al unísono, den cuenta al pueblo del ejercicio de su
honorable potestad, muestren con transparencia el balance
sobre sus actuaciones y actividades según las normas de
competencia y procedimiento, hagan justicia de su justicia,
de cómo la han administrado y el por qué de administrarla
así.
Revisando la historia vemos que la justicia humana no
siempre tuvo acierto, que unas veces ha sido cruel, otras
frágil e imperfecta. En ocasiones, ha estado expuesta a
limitaciones, fruto del egoísmo personal o de grupos.
Partiendo de esta premisa, pienso en las solemnes
inauguraciones de la apertura del año judicial como una
oportunidad extraordinaria para enmendar entuertos, poner en
orden lo que en desorden haya, y dar a cada uno lo suyo. A
los promotores de la justicia, en su difícil y complicada
tarea de unidad jurisdiccional, cuando tantas divisiones hay
en la vida social o territorial, les corresponde que nadie,
absolutamente nadie, se sienta privado de la tutela judicial
efectiva, sin que, en ningún caso, pueda producirse
indefensión.
El pueblo del que, insisto, procede la justicia, además de
sentirse arropado por ella, ha de tener libre acceso a los
jueces y tribunales, derecho a obtener un fallo de éstos
bajo una resolución fundada en Derecho, a que el fallo se
cumpla y que el recurrente sea repuesto en su derecho y
compensado si hubiese lugar a ello por el daño sufrido. En
los últimos tiempos, algunas televisiones hacen juicios
paralelos, enjuiciando antes “al presunto” que la propia
justicia, poniendo en entredicho las resoluciones
judiciales, sembrando el desconcierto, o sea la inseguridad
jurídica.
Me parece, pues, que sería estimulante con el inicio del
nuevo curso judicial, tanto para los que administran
justicia como para el mismo pueblo, ver que la intervención
de los diferentes poderes públicos, y de las mismas personas
físicas, no es otra que la colaboración incondicional y el
esclarecimiento, por encima de cualquier condicionante
político o económico.
Pensemos, por un momento, en la importancia del poder
judicial, en la necesidad que para su ejercicio efectivo
tiene una moderna Administración de Justicia, adecuada a los
nuevos tiempos que nos desbordan, en disposición siempre de
escuchar todas las partes. De lo contrario, podemos caer en
pensar que la justicia ha perdido la gratuidad, porque los
españoles ya no somos iguales ante la ley o que el ejercicio
del derecho de defensa se lo ha llevado el ratón Pérez. Algo
tremendo, si así fuere, para la convivencia.
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OPINIÓN / ALGO MÁS QUE PALABRAS
