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Delegado del Gobierno y presidente
de la Ciudad Autónoma han discrepado recientemente en
público sobre la fórmula de habilitar un verdadero campus
universitario en el antiguo cuartel del 54, el del Teniente
Ruíz. Vivas, por supuesto, abogaría por una financiación del
Ministerio pero como esta no llega, ha decidido tomar la
sartén por el mango y optar, sin más dilación, por el método
de la concesión administrativa. Este procedimiento, usado
por ejemplo en la construcción de autopistas, consiste en
responsabilizarse de la obra a cambio de explotar, durante
un número determinado de años, todos los servicios que se
deriven de la actividad universitaria. Estos podrían ser el
comedor, fotocopiadoras, bares, residencias universitarias,
etc. El delegado, defendiendo la negativa de su
administración, esgrime que en Andalucía existen hasta diez
universidades y pone en duda la necesidad de un campus
específico en la Ceuta.
El enfrentamiento, más que tratarse de una disputa de
partidos PP-PSOE, responde más bien a la tradicional
interrelación entre la administración central y las
regionales. Los ayuntamientos, diputaciones y comunidades
tienen el deber de exigir infraestructuras, servicios y
equipamientos, aportando siempre una multitud de razones por
las que tal autopista o tal vía de alta velocidad deben
pasar prioritariamente por la región en cuestión. A la
administración central le corresponde cortar el grifo por
algún lado y dar o quitar en función de los ‘intereses
generales de los españoles’. Sin embargo en el caso de Ceuta
aparecen nuevos factores que obligan al Estado a realizar un
esfuerzo extra. La parálisis económica y la alta tasa de
paro hacen de nuestra ciudad un lugar de atención
prioritaria, donde cualquier proyecto que pueda aportar
activos económicos se necesita como el beber. Los
estudiantes vendrían a ser los nuevos militares del siglo
XXI. Su presencia no resolvería la crisis, pero supondría
una riqueza complementaria de indudable importancia.
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OPINIÓN / EDITORIAL
