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Están de moda en muchos
ayuntamientos las recalificaciones de terrenos y,
consecuentemente, la especulación urbanística para lo cual
el Partido Socialista Obrero Español ha aprobado un decálogo
de medidas contra el “urbanismo salvaje” en el que plantea
una gestión racional del suelo acabando con la política de
“urbanismo incontrolado”.
Todo ello viene a cuento de los múltiples casos que se
vienen dando en España desde que en 1989 al hermanísimo de
Alfonso Guerra le contrataron para trabajar en un despacho
de la Delegación del Gobierno de Sevilla donde fue acusado y
juzgado, por sus actividades irregulares, todas diferentes a
las asignadas para su empleo laboral, por los delitos de
cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias,
prevaricación, malversación de fondos y usurpación de
funciones. Tambien podríamos referirnos, por citar los mas
notables, al caso FILESA con Luis Olivero y Alberto Flores,
a la cabeza del “enjuague”, al Senador Socialista Joseph
María Sala y Grisó a quien se le imputó un delito de
falsedad de documento mercantil y otro de asociación
ilícita, el Caso Naseiro o el no menos famoso Caso Malaya
con Juan A. Roca, Julián Muñoz, Marisol Yagüe e Isabel
García Marcos a la cabeza del escándalo (imputados en
delitos de malversación, blanqueo de capitales y cohecho) y
últimamente los casos de Ciempozuelos o Tres Cantos
(Madrid). O sea, todo un rosario de acciones delictivas y,
principalmente, dirigidas al enriquecimiento personal a
través de la corrupción que se ha venido registrando desde
hace ya muchos años en nuestra nación. Es lógico, pues, que
el Partido en el poder trate de formalizar un pacto para
evitar estos desmanes y abra la veda contra los sospechosos
anunciando la expulsión de todo cargo o militante sobre el
que haya indicios de delito. ¡A buenas horas mangas verdes!.
Hay que atacar de lleno, pensamos nosotros, a los corruptos,
sin darles tregua y consiguiendo que los grandes capitales
malversados o adquiridos ilegalmente, vuelvan a sus
legítimos propietarios, en la mayoría de los casos, el
pueblo llano quien, a través de impuestos o compras de
bienes, principalmente, inmuebles, han venido sufriendo las
interesadas intervenciones de políticos o técnicos, pues ¿de
qué sirve que a un señor le condenen a dos años de cárcel
–como al ex Senador Joseph Maria Sala - si los capitales
defraudados no vuelven a su origen?.
Por el contrario, a la llamada de los socialistas para
formalizar un pacto de lucha contra la corrupción, el
Partido Popular, que también ha tenido en sus filas a
corruptos –véase el caso Naseiro- aboga porque la lucha
contra estos personajes pase por aplicar la Ley, impulsando
la Fiscalía dotándola de los medios policiales y judiciales
necesarios. “Al que roba, dice Ángel Acebes, hay que
aplicarle el Código Penal”. Por su parte el Presidente de
los populares Mariano Rajoy se manifiesta, negando
credibilidad a los socialistas para ofrecer un decálogo de
lucha contra la corrupción urbanística señalando que el
“único pacto a que se puede llegar es que dejen de robar y
que actúen la policía y los jueces”. Y nosotros, apoyándonos
en la Ley del creador del hombre, estamos en que lo que hay
que hacer es “no hurtar”, aun cuando este código básico de
conducta personal dado por Dios a los hombres debe estar
complementado por la rigurosa aplicación de las leyes que
también Dios ha puesto a disposición del género humano para
su mejor gobierno.
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OPINIÓN / PERSONAL Y TRANSFERIBLE
