La Ciudad Autónoma de Ceuta remitió el pasado lunes al
Ministerio de Administraciones Públicas el documento final,
consensuado junto con la Ciudad Autónoma de Melilla, que
integra las propuestas en materia de urbanismo, Imserso,
políticas de empleo, servicios sociales y menores no
acompañados, dirigidas a lograr una mayor cota de
autogobierno. La última reunión mantenida en Madrid con el
ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla,
permitió a ambas ciudades autónomas obtener unas directrices
básicas con las que perfilar sus propuestas definitivas de
acuerdo con los intereses de ambas ciudades de obtener un
mayor margen de actuación en las materias mencionadas.
Desde que el presidente Juan Jesús Vivas regresara a Ceuta
el pasado jueves, las distintas mesas constituidas no han
cesado de trabajar para definir unas iniciativas cuya
elaboración estaba ya bastante perfilada.
En materia de urbanismo, el ejecutivo ceutí persigue una
fórmula que, si bien no será de total autonomía, dados los
peculiares intereses de la Administración General del Estado
en Ceuta y su situación de propietario de una buena parte
del suelo a través del Ministerio de Defensa, sí permitiría
un mayor margen de decisión, de forma que todas las
iniciativas partirían de la Ciudad Autónoma, dejando
circunscrita la participación del Estado a otorgar el
correspondiente aval legal a cada modificación o reforma,
así como la posibilidad de interferir en los asuntos que
entrasen en confrontación directa con los ‘intereses
generales del Estado’.
Quedan por tanto atrás las iniciativas que, a propósito de
la valoración del anteproyecto de Ley del Suelo, realizó la
consejería de Fomento y que se referían a la creación de un
órgano colegiado participado por ambas administraciones (la
ceutí y la estatal) para compartir la toma de decisiones
referente a la aprobación de planes parciales y especiales,
así como el PGOU, una iniciativa que fue finalmente
desestimada por el Gobierno.
Aunque la Ciudad Autónoma no ha concretado los términos en
los que se ha realizado la propuesta, es de suponer que el
posicionamiento del Ministerio de Administraciones Públicas
ha sido suavizado y la oferta de Ceuta y Melilla, de
aceptarse, alcanzará el grado de maniobra perseguido por
ambas ciudades.
En cuanto a las áreas de Imserso y políticas activas de
Empleo, la anunciada cogestión entre las ciudades autónomas
y la administración estatal podría derivar en una fórmula
intermedia que permitiese una gestión coordinada desde
Madrid pero elegida y dirigida desde Ceuta.
En materia de Servicios Sociales y menores extranjeros no
acompañados, la postura de la Ciudad es la de obtener un
incremento de las asignaciones que permita cubrir el déficit
que genera la presión migratoria vinculada al hecho
fronterizo. En el área de menores, las prestaciones se
aproximan a los dos millones, pero no llegan para cubrir el
gasto, estimado en seis millones de euros.
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Las ciudades esperan que el MAP respete las demandas
conjuntas
La respuesta del Ministerio de
Administraciones Públicas a las propuestas efectuadas por
las ciudades de Ceuta y Melilla se espera “en el menor
tiempo posible”, aunque no se ha establecido ningún plazo
temporal concreto.
El presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas indicó el
pasado lunes que “los contenidos de las propuestas han sido
meditados en profundidad para alcanzar iniciativas viables y
razonables que permitan alcanzar a Ceuta una mayor cuota de
autogobierno”.
El presidente de la Ciudad fue moderado a la hora de
calificar el resultado de la reunión y condicionó la
respuesta a la concreción de medidas antes de finales de
año. En su regreso de Madrid, Vivas dijo que valoraba el
encuentro con “cautela, prudencia y moderación”, mientras
que su homólogo de Melilla apuntó al “diálogo” y la “no
confrontación”.
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