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El delegado del Gobierno dio cuenta del estado actual de las
compañías navieras en torno a la interpretación de la
intercambiabilidad. García Arreciado dijo que las navieras
se encuentran en una disyuntiva mercantil en la que los
verdaderos rehenes son los usuarios del servicio,
concretamente los ceutíes. “No hay ninguna razón por la que
no puedan aplicar el intercambio a las tarifas de ida y
vuelta salvo una guerra de índole mercantil por apropiarse
con la mayor cuota del servicio. Entiendo estas peleas
empresariales pero no me parece justo que el perjudicado sea
el usuario”, indicó.
Con la ley de Puertos en la mano, explicó el delegado, no se
puede hacer nada porque el cabotaje está liberalizado, “pero
estoy estudiando si desde el punto de vista de la ley de
defensa de los derechos de los consumidores es posible poner
un poco de orden a los continuos cambios de horarios y la
desorganización que impera y que perjudica mayoritariamente
a los usuarios”, indicó el Delegado.
Abrir una vía de reclamaciones a través de los derechos de
los usuarios es una medida que todavía no se ha puesto en
práctica y que podría ser una medida más de presión ante la
indeterminación de las navieras, que en estos momentos han
dejado la pelota en manos del Tribunal de Defensa de la
Competencia. Ante la ausencia de acuerdos para la aplicación
de una intercambiabilidad más amplia, el Ministerio de
Fomento, a través de la Dirección General de la Marina
Mercante ha enviado un informe al Tribunal de Defensa de la
Competencia, que deberá decidirse en los próximos días.
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