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El delegado del Gobierno, Jenaro García Arreciado confirmó
ayer las suspicacias creadas en torno al análisis que estaba
efectuando la Delegación junto a los agentes económicos y
sociales de Ceuta, para valorar el impacto que las
bonificaciones a la Seguridad Social está generando en la
Ciudad Autónoma. “Existe un proceso de valoración para
conocer cómo se han empleado los fondos con los que el
Gobierno ha financiado a Ceuta, procedentes de los bolsillos
de todos los españoles, para facilitar la creación de empleo
y pretendemos determinar si los fondos se han destinado a
los fines previstos o a otras cuestiones. Cuando se cierre
el estudio se producirá una propuesta formal, pero yo no
conozco cual será la propuesta y ni siquiera sé cómo marchan
las reuniones ni el trabajo de valoración”, indicó el
delegado del Gobierno.
El delegado se dirigió a un miembro en concreto de la Mesa
de la Economía y de la comisión que valora las
bonificaciones a la Seguridad Social asegurando que esta
persona “conoce perfectamente a dónde han ido a parar los
fondos previstos para las bonificaciones”. Con esta
insinuación, el delegado viene a confirmar que el Gobierno
planea retirar o modificar de algún modo la forma de otorgar
estas bonificaciones si descubre que se emplean para fines
ilícitos o si no cumplen, simplemente, con la finalidad
prevista.
Las bonificaciones a la Seguridad Social se concedieron,
según indicó el secretario general de Comisiones Obreras,
Juan Luis Aróstegui, siguiendo un doble objetivo: por un
lado, atender una reivindicación empresarial para aliviar
los costes y obtener un mayor margen de actuación en un
contexto de crisis y por el otro, mejorar las rentas
salariales de los sectores más vulnerables desde el punto de
vista económico. “En un principio se planteó el incremento
del plus de residencia, del 25% al 33%, ya que había perdido
la fuerza compensatoria de antes. Como había dificultades de
orden legal para incrementar este plus de residencia, la
medida que propone el Gobierno es aumentar el sueldo a
través de un trasvase de estas bonificaciones a las rentas
salariales, que actualmente se sitúa en un 6,4 por ciento”.
Las bonificaciones, pagadas por el Ministerio de Hacienda
son repartidas al 50% entre empresarios y trabajadores.
La postura de los sindicatos es que si el Gobierno tiene
otras alternativas a esta medida con un impacto similar
sobre trabajadores y empresarios, no habría inconveniente en
modificarla, ya que el objetivo estaría igualmente cubierto.
“Lo que me parece negativo y totalmente perjudicial para los
intereses de la ciudad es suprimir una medida que está
siendo útil y no sustituirla por otra”.
El sindicalista dijo que le resultó muy extraño el
sometimiento de la medida a una fiscalización por parte de
una agencia de calidad cuando sólo habían pasado tres meses
desde la renovación del compromiso (en marzo de este año),
de dos años de duración. Más aún cuando la propia renovación
exigía, “teóricamente, realizar esta revisión cuyo
resultado, si se hizo, debió ser positivo”.
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Aróstegui cree que el Gobierno quiere retirar las
bonificaciones
Juan Luis Aróstegui está
convencido de que el Gobierno quiere quitar la subvención a
la Seguridad Social. Esta es la opinión que el líder de
Comisiones Obreras deduce “por la forma en que se ha
abordado el tema, por la información que nos trasmiten las
personas que están realizando el estudio y por la opinión
del último gabinete de asesoramiento de la Universidad de
Sevilla con el que nos hemos reunido”. Al parecer, todos
coinciden en señalar que esta medida no encaja en el
escenario de económico del Gobierno.
El Estado invierte una cantidad que ronda los 24 millones de
euros entre Ceuta y Melilla para compensar las ayudas a la
Seguridad Social y en Ceuta afecta a unos 3.000
trabajadores, que son los que tienen las rentas más bajas.
“Ya cuesta encontrar fórmulas para paliar la crisis, no
quitemos las pocas que funcionan”.
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delegación del gobierno /
declaraciones
