Los alumnos de Educación Primaria tendrán cincuenta horas de
Educación para la Ciudadanía (una hora y media a la semana),
asignatura que se impartirá en uno de los dos cursos del
último ciclo (5º ó 6º) de ese nivel educativo, según el
borrador de decreto de requisitos mínimos, que ha recibido
el visto bueno de la Comisión General de Educación, de la
que forman parte miembros de las administraciones educativas
central y autonómicas.
En cuanto a la asignatura nueva, el Foro Español de la
Familia ha encabezado la oposición a la misma y ha anunciado
que ayudará a los padres que deseen a ejercitar el derecho
de objeción de conciencia para impedir que sus hijos cursen
la materia. Para tal efecto se ha presentado el
“Observatorio para la objeción de Conciencia” que se
constituye con el objetivo de realizar un seguimiento del
desarrollo y contenidos de Educación para la Ciudadanía. Se
explica “que no es un frente contra la asignatura en sí
misma, sino frente a algunos contenidos que afectan a la
formación religiosa y moral de nuestros hijos”, ya que los
borradores conocidos hasta ahora “generan profunda
preocupación” en los padres de familia españoles, porque
suponen una intromisión descarada en materias que afectan a
“la conciencia y la moral de los niños”.
El “Observatorio” que cuenta con página web propia, anima a
los padres a ejercer el derecho de Objeción de Conciencia
frente aquellos contenidos de la asignatura que atenten
contra el derecho constitucional de los padres a educar a
sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas.
Además, ofrece asesoría jurídica gratuita a los padres que
quieran ejercer este derecho.
El “Observatorio” que se pondrá en marcha al principio del
próximo curso, cuando previsiblemente entre en vigor la
asignatura, estará formada por juristas y en él colaborarán
distintas asociaciones.
Por parte del “Foro Español de la Familia” se aconseja a los
padres que ejerciten su derecho mediante un escrito dirigido
al Director del centro educativo en el momento de inscribir
o renovar plaza para el curso 2007-2008. También pidió que
las autoridades educativas “sean sensibles ante la realidad
de que “millones de familias” estén en contra de la
asignatura. Y se asegura que han solicitado “reiteradamente”
encuentros con el Ministerio de Educación, “sin recibir
ninguna respuesta” y advirtiendo que no se trata de una
“insumisión” sino de ejercer un derecho constitucional.
Como no podía ser de otra forma, se apela al artículo 27.3
de la Constitución, según el cual “los poderes públicos
garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus
hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones”
En definitiva, el “Observatorio” nace de la preocupación por
el “riesgo de adoctrinamiento ideológico de los niños” y
pretende impedir la imposición “dictatorial” de unos
contenidos.
Claro, que el Ministerio no piensa así: Se afirma que con
esta asignatura se persiga un “adoctrinamiento” y se asegura
que contendrá principios generales contenidos en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la
Constitución, así como las responsabilidades públicas y
sociales de los ciudadanos.
Con respecto a la mejora de la convivencia escolar, en el
propio Ministerio se piensa que depende de muchos factores,
no sólo del sistema educativo. En este sentido, se resalta
el peso que los cambios globales de la sociedad tienen sobre
los menores. Además, se asegura que es posible mejorar la
convivencia en las aulas si se inculca una educación en
valores “que enseñe a los niños y adolescentes a vivir en
medio de un mundo cada vez más plural y heterogéneo, a
través de la “transmisión de valores como la tolerancia y el
diálogo”.
Y se anuncia que el “Observatorio Estatal de la Convivencia
y la Prevención de Conflictos Escolares” comenzará a
funcionar en el transcurso de este mismo curso. Este órgano
estará presidido por la propia Ministra y contará con dos
vicepresidencias, de las que una corresponderá al propio
Ministerio, y la otra a las Comunidades Autónomas. Estarán
presentes también los sindicatos y las asociaciones de
Padres, y, al hilo de la filosofía de género con la que el
Gobierno pretende impregnar todas sus actuaciones, se
promoverá y vigilará la paridad entre hombres y mujeres.
Y como todavía no hay acuerdo con la Iglesia, al negarse el
Gobierno a ofrecer una alternativa para la clase de
Religión, como exige la Conferencia Episcopal, y sin
acuerdos después de la última y reciente reunión entre
Iglesia y Ministerio, bueno sería que la citada Conferencia
estableciera también un “Observatorio” para que, al menos,
con lo “hasta ahora conseguido” pudiera realizar el oportuno
seguimiento y reivindicación. En la citada reunión
constataron que “no hay acuerdos” en cuanto al futuro de la
clase de Religión, al tiempo que el Gobierno dejó claro que
“trabaja para hacer efectivo el derecho” de los padres que
no quieren una alternativa a esta materia para sus hijos.
Esto es, que no habrá alternativa a la Religión. El único
punto de consenso alcanzado es que “seguirán trabajando” es
las próximas semanas.
Por su parte el Ministerio mostró su interés por alcanzar
una solución “que sea satisfactoria para las dos partes”,
incidiendo en que “los centros están obligados a ofrecer
esta asignatura a todos los que así lo soliciten”. No
obstante, el Ejecutivo aclaró que trabaja “para hacer
efectivo el derecho tanto de aquellos padres y madres que
desean que sus hijos reciban clases de Religión Católica,
como de los que no lo desean”. Para el Episcopado, la
alternativa es considerada fundamental para que la clase de
Religión tuviera la relevancia que merece en opinión de la
Conferencia Episcopal.
La situación en la actualidad queda así: la asignatura de
Religión será evaluable, pero no computable, siendo al
parecer una decisión del Gobierno de forma definitiva. Ya es
positivo, por otro lado, conservar las 315 horas lectivas
anuales. Así, señores de la Conferencia Episcopal, ánimo
para establecer vuestro propio “Observatorio”. Aunque con
tantos “encuentros” y “desencuentros”, la suerte ya está
echada.
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