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¿Cuántas veces hemos oído o leído
el término “clamor social”? Infinidad. Y sin detenernos a
realizar una labor analítica, tal vez porque todos conocemos
el “por qué” de ese runruneo colectivo que acaba por llegar
a los medios de comunicación y ser lanzado en letra impresa
en las ediciones matinales. Así, en negro sobre blanco y
letra redondilla, se consigue que, los que detentan el Poder
se enteren y se informen de que, algo pasa en esa especie de
lejanas alcantarillas donde subsiste y sobrevive el pueblo
llano.
Hay veces que el “clamor social” se utiliza por la propia
clase política para sustentar y explicar sus decisiones.
Recuerdo y nunca voy a olvidar la estrepitosa campaña
lanzada hace unos años por el diario El Mundo para reunir
firmas que avalaran el indulto para el juez Javier Gomez de
Liaño, condenado por el Tribunal Supremo por haber tenido la
osadía de tratar de empapelar al hombre más poderoso de
España que es Polanco. La campaña, lógicamente, iba dirigida
y orquestada desde Génova 13 y los de El Mundo eran un
instrumento de marketing. Se reunieron cien mil firmas, tras
una campaña publicitaria auténticamente espectacular, se
presentaron avalando el indulto y Aznar lo concedió
alegando, que esas cien mil firmas constituían un auténtico
“clamor social” a favor del magistrado condenado.
Lo curioso del tema es que, al mismo tiempo y en las mismas
fechas, con el general Enrique Rodríguez Galindo, ese que
desarticuló desde el cuartel de Intxaurrondo ciento un
comandos de ETA y que es el militar más condecorado de
España, repito, con el general en prisión, primero en la
militar de Alcalá de Henares y después en la siniestra Ocaña
donde enfermó crónicamente, en esos meses, recogimos un
millón de firmas para avalar su indulto. Y sin ningún
poderoso medio de comunicación que nos respaldara, boca a
boca, con los pliegos de adhesión fotocopiados que nos
íbamos pasando de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad.
Nadie nos amparó. Ningún periódico recogió retazos de las
heroicidades minúsculas de amas de casa que recogían firmas
en las puertas de los supermercados, anécdotas pequeñas,
como cuando nos acercamos a la Policía Local de Marbella y
firmaron todos los del turno y nos dijeron que volviéramos
más tarde a por más firmas porque cambiaban los compañeros y
regresaban muchos que estaban en las calles. Y así en toda
España. Un millón de firmas entregadas en el Ministerio de
Justicia por la hija del General y que fueron recibidas con
frialdad. Voto al Partido Popular porque soy
neoconservadora. Y por ello espero que Aznar y los que
entonces gobernaban pidan perdón a los españoles por su
increíble mezquindad y porque jamás admitieron que las voces
de un millón de españoles constituyeran “clamor social”
éramos, sencillamente, un millón de molestos hijos de puta
que les querían joder su venganza personal contra el héroe
de Intxaurrondo y por ende, contra el PSOE de Felipe. Oigan,
que asco.
Pero lo cierto es que se suele hacer caso de los clamores,
eso si, cuando salpican las páginas de la prensa. Aunque hay
clamores que le son infinitamente más gratos a los políticos
y que consiste en que ellos los convoquen y manipulen,
capitalicen y aprovechen, como las manifestaciones
convocadas por uno u otro sigo y encabezadas por los
poderosos que marchan en primera fila tras la pancarta. Y
ese clamor de diseño y prefabricado, con eslóganes salidos
de los despachos de marketing me vale menos, me sirve menos,
yo soy una simple madre de familia y una curranta y se de
clamores del pueblo llano, a pie de calle, en la barra de un
bar o en la cola de la charcutería.
Y se que, en Ceuta hay un clamor de indignación y
descontento, un runruneo atenuado, con relativo reflejo en
los medios. ¿Es normal en la Europa del siglo XXI que se
acepte como algo natural el que, un transporte urbano tenga
que llevar escolta policial? En Kabul puede resultar
normalísimo. En nuestro sistema de valores y de derechos y
obligaciones es inadmisible. Y más aún cuando se tiende a
frivolizar con el asunto, intentando desdramatizar el
auténtico drama que es el que existan auténticas bandas de
delincuentes juveniles, absolutamente fuera de control, que
atemorizan a la ciudadanía, alteran gravemente el orden
público y requieren una respuesta rigurosa que la sociedad
demanda y exige.
No hay excusa moral válida para justificar la conducta de
unos muchachos que han tenido y tienen acceso a la
educación, a la formación y a la capacitación y han optado
voluntariamente y con la negligencia o el consentimiento
culpable de sus progenitores por la exclusión, la
automarginación y el vandalismo. Nada de excusas lacrimosas,
porque hoy, aquí, con las mil oportunidades que el sistema
ofrece, no sirven. Ya está bien de “profesionales” de la
exclusión y de los mamarrachos ponticadores que llegan a
disculpar conductas delictivas, amparándose en demagogia de
baratillo. Hay un clamor de irritación, porque, los jóvenes
que hacen de la conflictividad y del delito una forma normal
de comportarse, sean llamados “asilvestrados”. Ridículo, el
asilvestrado es el que no sabe usar una escalera mecánica
porque viene de vivir en el monte, se asusta delante de unas
puertas automáticas porque en su núcleo rural no las hay y
considera que, la bombilla es el máximo adelanto de la
civilización. Los vándalos ceutíes son urbanitas, de ciudad
y con teléfono móvil, son delincuentes juveniles ante los
que no cabe caer en la omisión del deber de socorro ni en la
prevaricación de no castigar conductas jurídicamente
reprochables. Requieren urgentes medidas de reinserción
social y de reeducación. Pero no charlitas onegetistas ni
gazmoñerías de asistentes sociales, sino el ser sustraídos a
un entorno permisivo que no les es favorable, a unos padres
incapaces de controlarles y de disciplinarles y que, ante la
falta de medios y de capacitación palpable y evidente de los
progenitores que, o no saben, o no les importa, o no
quieren, que asuma su tutela la Ciudad Autónoma hasta la
mayoría de edad ya que se encuentran desprotegidos.
¿Qué son un grupo de vente individuos los que provocan
disturbios, vandalismo y daños? Más eran los de las temibles
maras sudamericanas y el Delegado de Gobierno de Madrid les
neutralizó, les detuvo, les condujo ante el juez y la mitad
a reformatorios y los mayores de edad expulsados. A veinte
jilipollas que van de pandilleros por la vida, delinquiendo
impunemente y causando alarma social, se les desarticula en
una semana, se les va deteniendo y si son menores se llama a
los padres, si se demuestra que los padres no han cumplido
con sus deberes se les retira la tutela y en el Juzgado de
Menores, donde rige una Ley del menor que obliga a reeducar
y a reinsertar, se toman medidas urgentes para recuperarles
socialmente en centros de reforma cerrados. Delitos cometen,
daños, alteración del orden público, coacciones, amenazas
graves, vandalismo. Y constituyen bandas para delinquir.
Suficientes conductas de riesgo como para argumentar una
medida de reforma y encerrarles en lugares alejados de su
entorno social y familiar, porque están en situación de
riesgo.
En la península, las pandillas y los pandilleros suelen
tener muy mal final, desde el punto de vista legal y la
Policía Local les neutraliza en cuanto dicen ¡A por ellos!.
Y la respuesta policial y judicial es como consecuencia y
para atender a un auténtico clamor social que debería
llamarse más bien “descontento social” o “hartazgo e
irritación social” . En Málaga al menos, donde existen
barrios auténticamente conflictivos, no se da el caso de
que, un autobús tenga que ir escoltado para eludir los
ataques de un grupo “concreto” de maleantes “concretos”.
Antes se hace una redada, se detiene a los maleantes, se les
lleva al Juzgado y se les hace entrar en esa rueda de
detención-arresto-comparecencia ante el Juez- consecuencias
desagradabilísimas, que los delincuentes juveniles temen más
que a un tornado. La sociedad no quiere defenderse ante
malos elementos desde el temor y el miedo de tener que
blindar autobuses y encerrarse en sus casas. Los que tienen
que estar encerrados son los malhechores, que no los
contribuyentes y los que tienen que tener miedo de la
policía y de la justicia son los vándalos, mientras que , al
ciudadano, le tienen que ser dados motivos para creer y
confiar, tanto en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, como en la eficacia del sistema judicial y en la
operatividad y la profesionalidad de quienes mueven los
hilos, porque han sido elegidos para hacerlo.
He venido leyendo en el edición digital de El Pueblo, los
problemas graves de seguridad ciudadana en Ceuta y el que,
los autobuses necesiten “refuerzos” no es ninguna “gracieta”
a la que haya que resignarse, porque, si la ciudadanía se
resigna a que ganen “los malos” y a que campen por sus
respetos, sin que existan como respuesta redadas masivas,
detenciones y encarcelaciones, es decir, neutralización
absoluta y tolerancia cero, entonces comienza el runruneo de
descontento, de irritación, comienzan las críticas, se
pierde la confianza en las instituciones y se habla de
ineptitud y pasotismo de quienes dirigen esas instituciones.
Lo que, el clamor esconde, es indignación ante la falta de
respuestas y las respuestas están ahí, claras y diáfanas,
para quien las quiera aplicar. ¿O es que para “clamar” es
necesario sacar la pancarta, el eslogan y la banderola? Si
es así que avisen.
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OPINIÓN / ESPAÑA CAÑÍ
