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El Partido Socialista de Ceuta acusó, ayer, al Gobierno
local de haber entregado, en el periodo que va de 2003 a
2005, “al menos”, tres viviendas de protección oficial de la
promoción de Sidi Embarek a ciudadanos marroquíes no
empadronados en la Ciudad Autónoma. La adjudicación y
posterior formalización del contrato sucedió cuando el
titular de Fomento era Nicolás Cucurull, quien, según el
responsable de Movimientos Sociales del PSOE, Gonzalo Sanz,
contó “con el apoyo” del presidente, Juan Vivas, del GIL y
del PDSC.
Tras “largas” investigaciones, desde el PSOE se asegura que
el Partido Popular no colaboró en la legalización de la
situación “irregular” de los propietarios porque cuando uno
de los implicados solicitó su empadronamiento, “se le
denegó”.
La Ley obliga a otorgar las viviendas a ciudadanos que
puedan confirmar su residencia en territorio español, en
este caso en Ceuta, y los dueños de las tres viviendas
“continúan” sin los documentos reglamentarios.
A juicio de Sanz, se trata de un “escándalo sin precedentes”
que “exige” una pronta respuesta por parte del Ejecutivo. El
próximo paso del Gobierno determinará si el PSOE inicia
acciones judiciales.
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“Vivas es incapaz de cortar cabezas”
El responsable de Movimientos
Sociales del PSOE, Gonzalo Sanz, pidió una respuesta
“convincente” al Gobierno local ante la presunta ilegalidad
que afectaría a “más de 7.000 demandantes de una vivienda
digna” en la Ciudad Autónoma. Ante la posibilidad de señalar
culpables, Sanz lamentó que Juan Vivas sea “incapaz de
cortar cabezas” en el seno del Ejecutivo.
Por esta razón, instó al Partido Popular a decir “cuáles son
los intereses ocultos” en un caso que imposibilita
“materializar un sueño” en forma de vivienda a la ciudadanía
ceutí.
Al margen de esta investigación, el PSOE sigue tratando de
esclarecer el asunto del sondeo de Urbaser del que aún no
han recibido todas las preguntas.
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partido socialista obrero español /
vivienda
