La directora gerente de la Comunidad de Madrid para la
Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, Carmen
Balfagón, considera que la reforma juvenil que está
preparando el Gobierno de la Nación no es adecuada a la
situación en la que se encuentra el conjunto de las
comunidades autónomas. Esta experta aseguró que “no
satisface a nadie”, porque con estos cambios se quiso dar
respuesta a determinados casos “que todos conocemos y que
crearon una alarma social, movieron a la opinión pública”.
Balfagón explicó que la presión mediática influyó para que
esta Ley se reformara, pero “creo que ni ha dado
satisfacción a esas víctimas, que en un momento determinado
quisieron que la Ley se endureciera y desde luego no da
satisfacción a lo que se pretende en el principio de la
Constitución cuando se habla de las penas privativas de
libertad”. Realizó una ponencia en las Jornadas sobre la
Reforma Juvenil, celebradas en Ceuta, donde puso de
manifiesto el esfuerzo que se está haciendo desde el
Gobierno y la Comunidad de Madrid en el tema de la Reforma.
“Este gobierno está justificado porque los datos dicen que
en Madrid es donde existe el mayor número de menores
sometidos a medidas judiciales. Evidentemente, estamos en un
tema en el que la Comunidad de Madrid, sobre todo, su
presidenta Esperanza Aguirre, quiso que se le diera a la
Reforma un matiz preeducativo y resocializador. Y en esa
línea estamos trabajando. Luego se han marcado proyectos,
concretamente en materia de educación y empleo que son
novedosos. No hay ningún proyecto igual en el resto de
España”, indicó.
La conclusión de la directora del Área de la Comunidad de
Madrid es hay que trabajar mucho e invertir también muchos
medios para conseguir una reeducación real. En este sentido,
quiso desmentir las cifras oficiales que señalan que la
reinserción se sitúa en un 80 por ciento. “Creo que eso
falta a la verdad. Con estos chavales hay que trabajar
mucho, creo que sería idílico pensar en una cifra tan alta.
Estaría satisfecha si en un futuro a corto o medio plazo
pudiéramos hablar de un 30 por ciento y desde luego
triunfaríamos si a largo plazo habláramos de alcanzar un 60
por ciento de resocialización”, dijo.
El aumento de las penas que contempla la nueva reforma
constituye un error, en opinión de Balfagón, la solución
pasa por dotar de recursos económicos a la Ley porque se
corre el riesgo de crear serias desigualdades entre unas
comunidades autónomas y otras, sin haber hecho una
evaluación de la anterior Ley.
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