Ceuta se encuentra entre las siete autonomías españolas que
cumplen la recomendación de la Organización Internacional de
Trabajo (OIT) de contar, al menos, con un inspector laboral
por cada 10.000 ocupados. En el conjunto del Estado, la
relación tampoco se da. El total de inspectores y
subinspectores es de 1.673 que, ante los 19.895.600 ocupados
recogidos en la Encuesta de Población Activa del tercer
trimestre de 2006, cada uno se ve obligado a atender a
11.892 trabajadores, es decir, a 1.892 por encima del límite
aconsejado.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales baraja ampliar
la plantilla de los controladores y pero los sindicatos
mayoritarios consideran que antes es preciso reformar el
acceso a estos puestos. El actual mecanismo requiere
notables conocimientos que sobrepasan las necesidades
profesionales de la Inspección y, además, los salarios no
están acordes con el esfuerzo desarrollado para entrar en el
cuerpo.
En España los inspectores que tienen que atender a un menor
número de ocupados son los que residen en las ciudades de
Ceuta y Melilla. En ellas, la proporción es de un vigilante
por cada 3.428 y 3.374 trabajadores, respectivamente. Entre
las comunidades que cumplen la recomendación, Castilla y
León figura en la mejor posición. Cada inspector sólo vela
por las condiciones de 8.440 ocupados. A continuación
figuran La Rioja, con un controlador por cada 9.012
trabajadores; el País Vasco, con uno por cada 9.842; y
Extremadura, con uno por cada 9.870. Aragón sobrepasa la
recomendación pero se queda muy cerca del objetivo al
registrar un inspector por cada 10.062 empleados.
Malasia y Blangladesh
La falta de 'vigilantes' fue debatida por la OIT en uno de
sus últimos Consejos de Administración ante el drama humano
y económico que suponen los siniestros laborales. Las
conclusiones figuran en un informe difundido por todas las
oficinas del organismo.
El documento recoge que en el mundo existen 120.000
inspectores que se enfrentan diariamente a grandes desafíos
como la prevención de 2,2 millones de muertes anuales por
enfermedades o accidentes profesionales.
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