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Si alguien tiene dudas de que
Ceuta es una ciudad que acoge y calla, sólo debe realizar un
pequeño repaso a la historia más o menos reciente para
comprobar tal afirmación y, por supuesto, ratificarla.
Es cierto que cuando se discutieron las transferencias para
nuestro ‘modosito’ Estatuto de Autonomía, no se contempló
-probablemente- la presencia de estos llamados Menores
Extranjeros No Acompañados (MENA) dado que hace algo más de
una década el fenómeno de la inmigración, como actualmente
la conocemos, era incipiente y escasa si la comparamos con
nuestros días.
Las regiones españolas más próximas, por sus fronteras, a
países de los llamados pobres comenzaron, allá por finales
de los noventa, a encontrarse con la problemática que
acarreaba la presencia de jóvenes inmigrantes que no
alcanzaban la mayoría de edad. La Ley exige a las
administraciones la custodia de menores en desamparo -y
estos, evidentemente lo son-.
Andalucía, Ceuta y Melilla sufren en primera línea el efecto
de los llamados menores marroquíes (en nuestra ciudad
conocidos como transfronterizos -le ponemos nombre a todo y
además se institucionaliza-). Los recursos económicos de
Ceuta son los que son y de la precariedad y las presiones de
la Fiscalía de Menores, se ha pasado a disponer de centros
cualificados que cumplen con rigor la inflexibilidad de la
Ley que proteje a los menores de 18 años. Todo ello en menos
de una década. Hoy en día, los números son así de fríos,
Ceuta cuenta con 129 plazas con sus 19 kilómetros cuadrados.
Cantabria con sus aproximadamente 8.000 kilómetros cuadrados
cuenta con 110. Andalucía mantiene que son algo más de 200
euros diarios los que le cuesta un menor. Ceuta se aproxima
a los 240 euros. Ambas administraciones suman todos los
gastos que genera el cuido directo al menor (mantenimiento
de instalaciones adecuadas, personal de custodia, monitores,
profesores...) y lo dividen ente el número de menores que
acogen. Lo demás, pura demagogia política y los menores no
deben ser, por definición, motivo de gresca política entre
partidos adversos y sí de especial atención.
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OPINIÓN / EDITORIAL
