|
Existe en la sociedad una alarma
generalizada ante el incremento de hechos que superan la
simple “ violencia escolar” para convertirse en auténticos
tipos delictivos, susceptibles de ser encausados por un
Juzgado de Menores, porque exceden con mucho las
competencias de los claustros de las escuelas.
La Ley del Menor nació ineficaz, muy bucólica y pastoril e
impregnada del almíbar del buenismo más azucarado, pero
cojitranqui y en absoluto disuasoria para bregar con tipos
que, a veces, con dieciséis o diecisiete años parecen
armarios de dos puertas y son auténticos energúmenos.
Rebajar en dos años su aplicación comprendería un espectro
de adolescentes a los que, aún es posible reeducar y
resocializar y cuyos actos, si son delictivos, no pueden
quedar en modo alguno impunes. Porque es ese poco respeto al
castigo y esa falta de temor ante el garantismo de la Ley lo
que elimina cualquier efecto disuasorio. No da miedo. La
sensación generalizada de los delincuentes juveniles es de
impunidad y se dictó la normativa sin haber previsto de
antemano que, para reeducar y reinsertar hacían falta muchos
Centros de Menores que no se construyeron, por falta de
previsión y por falta de presupuesto y que aún hoy no
existen.
Las nuevas modalidades de choriceo que incluyen las, cada
vez más frecuentes agresiones, a los maestros y que ya están
motivando las primeras denuncias policiales de los docentes
contra alumnos, hacen perentorio el modificar la normativa,
endurecerla en respuesta a nuevos hechos punibles, como el
eufemísticamente llamado “acoso escolar” ¿Recuerdan al
pequeño Jokin Ceberio, el hijo de Mila y José Ignacio al que
suicidaron en Hondarribia? Que no es tal acoso, como la
violencia doméstica no es “acoso de género” sino un hecho
perseguible y que debe ser duramente castigado por la alarma
social que genera su reiteración.
Los maestros piden ayuda a los padres, pero el darles dos
hostias a los hijos, por sinvergüenzas, también puede ser
penado como “maltrato en el ámbito familiar” y el padre o la
madre desesperados, acabar encima ante un Juzgado de
Violencia Doméstica. Tantos tiquismiquis y tanto mamoneo
están dando lugar a una generación de padres atemorizados
que desconocen los límites exactos entre el correctivo y los
malos tratos y se sienten desamparados por un Sistema que no
ha sabido hacer hincapié en los valores y enseñar a los más
jóvenes a respetar mínimamente la autoridad.
Los padres y los profesores “dialogantes” de los dorados
años setenta y ochenta, que rechazaban el autoritarismo por
el empacho de épocas anteriores y querían ser “colegas” de
su prole, ha dado paso a una generación de progenitores y de
docentes desamparados y victimizados, que no se sienten
apoyados, no ya por las leyes, sino por todo un sistema
social que parece resquebrajarse ante la pérdida de
referentes. Y todo va por modas.
Ha hecho falta poner sobre el tapete la sangre de muchas
mujeres muertas para que, los de arriba reaccionaran y se
redactara una Ley justa. Supongo que, cuando empiecen a caer
maestros y padres se hablará de “Violencia contra la
Docencia y la Paternidad” y se articularán leyes, se
rebajará la edad penal a los dieciséis años y los peligrosos
serán reeducados por los equipos técnicos de unas prisiones
de por si disuasorias. Hoy por hoy la desprotección es
total.
|
OPINIÓN / ESPAÑA CAÑÍ
