Como todos los años, la universidad marroquí bulle al
principio del curso. A las clásicas reivindicaciones
estudiantiles sobre el pronto pago de las becas, aumento del
descuento en los bonos de autobús y la sempiterna petición
de un comedor universitario, se suman este año los
disturbios e incidentes que han afectado a las dos
residencias existentes en Tetuán: una solo para chicas y de
menor capacidad, en el centro de Martil y una de mayor
capacidad y carácter mixto situada en las inmediaciones del
histórico aeropuerto de Sania Ramel y casi vecina, por
cierto, al cuartel provincial de la “Gendarmería Real”. En
total, cerca de 1.800 plazas
Hace varias semanas las fuerzas de seguridad intervinieron,
con cierta contundencia, contra los concentrados aunque el
pasado viernes por la noche la policía no llegó a
intervenir. “Solo confiscaron cinco CIN” (la tarjeta de
identidad del país”, afirmaron ayer fuentes de la UNEM
mientras insisten en los malos tratos, “tanto de la policía
como por funcionarios de la residencia, que llegaron a
incautarse de cámaras fotográficas”, mientras sacan una
lista en la que figurarían cincuenta univesitarios
presuntamente expulsados de la residencia.
Otro punto que enciende los ánimos es el rumor de
privatización de las residencias cara al siguiente año
académico, “lo que podría mejorar sus servicios pero
favoreciendo a los más ricos”, Tarik Rachdani, estudiante de
ciencias islámicas y secretario general de la UNEM (Unión de
Estudiantes Marroquíes) en Tánger y Tetuán, se muestra
sereno pero retador mientras enseña las secuelas de los,
según afirma, malos tratos recibidos: “No depondremos
nuestra actitud, incluso una huelga total, mientras no se
respeten nuestros derechos y se admita a los estudiantes
expulsados”.
El pasado día 3, la “Asociación Marroquí de Derechos
Humanos” (sección de Tetuán), hacía público un comunicado al
que tuvo acceso EL PUEBLO en el que mostraba su apoyo a las
reivindicaciones estudiantiles.
Por su parte el director de la residencia universitaria de
Sania Ramel, Salah Raghi, quien ayer recibió a éste
periódico en su despacho, niega con vehemencia algunas de
las denuncias de los estudiantes (“una cámara fotográfica
fue encontrada sobre la hierba por un vigilante y devuelta a
los estudiantes”), esgrimiendo su escrupuloso acatamiento a
la legislación vigente: “Nadie ha sido expulsado, en la
lista que usted me enseña hay personas que incluso ni están
matriculadas en la universidad. Además distinga los
concentrados, que forzaron la entrada en dos ocasiones de
forma no precisamente pacífica y los huelguistas, que tan
solo son doce y pertenecen al movimiento islamista Justicia
y Espiritualidad. En cuanto a las plazas le aclararé tres
cosas: lo primero es que no ha sido nadie expulsado, lo
segundo es que están cubiertas y lo tercero es que los
estudiantes pueden estar en principio un máximo de tres
años”.
Las revueltas universitarias afectan a todo el país. Por un
lado están, sin duda, las típicas reivindicaciones sociales.
Por otro, el “pulso” echado entre la UNEM y las autoridades.
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