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Seguimos a vueltas con el
intercambio. La última novedad es que la compañía
Acciona-Trasmediterránea abandona, desde el próxima día 26
de noviembre, el convenio de intercambiabilidad en el
Estrecho. Se abren varios frentes a partir de este momento.
El primero, y quizá el más importante, es la manifestación
que ha convocado la Federación de Asociaciones de Vecinos
para el próximo día 9 (fecha que está a la espera de ser
ratificada en la Asamblea de la Ciudad). Se trata de la
primera vez que un organismo civil reta a las navieras para
que suavicen los precios de un medio de transporte que es
vital para los ceutíes. Existen 80.000 clientes potenciales
en Ceuta para las navieras, que merecen algún tipo de
consideración. Es un mercado seguro porque los ciudadanos de
Ceuta están atados a los buques como lo están los aviadores
al paracaidas. Y esto merece, cuanto menos un respeto por
parte de las compañías.
Por otro lado, falta conocer qué piensan las instituciones
de que Acciona salga del convenio unilateralmente -aunque
así esté previsto en el reglamento de interlineado- y si esa
es una postura susceptible de ser cuestionada, como poco,
tras lo sucedido este pasado fin de semana. Capitanía
Marítima trasladará la cuestión a la Marina Mercante para
saber a qué atenerse.
Todo comenzó con poco espíritu pese a la intermediación
política del Estado. Después de la Operación Paso del
Estrecho, el convenio de intercambiabilidad que asumieron
las navieras tras el visto bueno del Tribunal de Defensa de
la Competencia parecía una broma porque ni siquiera incluía
el descuento de ida y vuelta. A partir de este momento, la
cosa no ha mejorado en absoluto. Lo único que ha crecido es
la indignación ciudadana por lo que se prevé que la
manifestación de la FPAV reúna a un gran número de personas.
El servicio marítimo del Estrecho es, para Ceuta, un
servicio de primera necesidad, un servicio básico, la única
manera de salir de su ciudad y el Estado debe necesariamente
intervenir.
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OPINIÓN / EDITORIAL
