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El turno de exposición de los abogados de la defensa de los
catorce imputados en el caso ‘Kimbi’ comenzó ayer con la
intervención del letrado ceutí Jesús Zapico, encargado de la
defensa de A.A.A. que se enfrenta a una petición de pena de
44 años de cárcel por un presunto delito de inducción al
asesinato y para el que pide la absolución por considerar
que no existe ninguna prueba que demuestre su participación
en los hechos.
En el momento de cometerse el asesinato el acusado se
encontraba en la ciudad santa de La Meca junto a su familia
tal y como ha quedado acreditado y su abogado niega
cualquier tipo de vinculación anterior o posterior a los
hechos aduciendo que los indicios a los que se refieren las
acusaciones pública y particular no son consistentes y que,
por tanto, no deben ser tenidos en cuenta para dictar una
sentencia condenatoria tal y como especifica el Tribunal
Supremo: “la prueba indiciaria tiene que estar integrada por
indicios plurales que estén absolutamente acreditados y que
de ellos fluyan, de manera natural, las consecuencias de la
participación del acusado en los hechos delictivos que se le
imputan”.
En sus conclusiones, el abogado de la defensa mostró su
acuerdo con la parte acusadora respecto a que había que
esclarecer la autoría de la muerte del ‘Kimbi’ pero “estas
catorce personas no deben pagar por una muerte que no han
cometido”.
Zapico fue refiriéndose a cada una de las afirmaciones
realizadas por la otra parte y en las que se basa para
solicitar una sentencia condenatoria intentado rebatir cada
uno de los argumentos planteados tanto por el fiscal como
por el letrado Marcos García Montes. Con respecto al hecho
de que A.A.A. y M.A.A., supuestos ‘cerebros’ del atentado,
coincidiesen en La Meca dijo que no fue así, que sólo se
vieron en el vuelo de vuelta porque “todo musulmán que se
precie de tal agota el visado para aprovechar su estancia en
La Meca hasta el último momento”. Luego, reconociendo la
posibilidad de que el encuentro en La Meca se hubiera
producido, señaló que ello “no sería constitutivo de
delito”.
Silencio del acusado
Tanto el fiscal como la acusación particular hicieron
mención en sus conclusiones finales al hecho de que algunos
de los acusados se negaran a contestar a sus preguntas y
plantearon que esto podría considerarse un reconocimiento de
su participación en los hechos, algo que para Zapico es
absolutamente incomprensible: “que un imputado haga uso de
su derecho a declarar no constituye una prueba diabólica de
su inculpación en los hechos que se le imputan”. Con esta
aseveración, dijo, “se han cargado de un plumazo el artículo
24.2 de la Constitución”.
Reunión con Moro
La defensa de A.A.A. justificó la reunión mantenida con el
entonces delegado del Gobierno, Luis Vicente Moro, como algo
normal teniendo en cuenta que su defendido era una persona
“muy conocida” en Hadú y que había hecho mucho por sus
vecinos: “dejaba entrar gratis a los chicos jóvenes a su
gimnasio para que no anduviesen por la calle fumando porros
o delinquiendo”. Tanto el acusado como el político
reconocieron haber mantenido este encuentro por lo que
Zapico no entiende cómo se puede acusar a su cliente de ser
“un mafioso y un asesino”.
“No es normal que un delegado del Gobierno se reúna con el
supuesto jefe de una banda así que imagino que el motivo de
la reunión fue que Moro consideraba a mi cliente una persona
de orden y de bien”.
Según la defensa, el encuentro, que se produjo justo antes
de las elecciones, respondía también a un interés político.
Debido a la influencia que el procesado tiene en su barrio,
Hadú, Luis Vicente Moro hubiera querido contar con el apoyo
de A.A.A. en su candidatura habida cuenta de que el imputado
simpatizaba con el GIL (Grupo Independiente Liberal).
“Como mi cliente es una persona conocida y respetada y
estaba con el GIL, creo que el delegado mantuvo este
encuentro con él para intentar atraerlo hacia el Partido
Popular (PP) porque, no debemos olvidar, que la reunión se
produjo en época pre-electoral”, concluyó el letrado Jesús
Zapico.
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audiencia provincial /
caso 'kimbi'
