El consejero de Economía y Hacienda, Emilio Carreira,
propuso ayer al pleno de Ceuta la concertación de una serie
de operaciones de crédito por un importe total de 25
millones de euros (el máximo que por ley puede solicitar).
La compensación de esta cantidad responde, según las
estimaciones efectuadas por la Tesorería, a la previsible
“desviación negativa” que hasta el final del presente
ejercicio se producirá entre los ingresos presupuestados y
los realizados en la recaudación del IPSI en materia de
Importaciones y Tabaco. Esta cantidad viene a sumarse a los
24 millones de euros solicitados el año pasado, además de
tratarse de una operación que ocasiona unos intereses de
600.000 euros.
La Ley Orgánica 1/1995 del Estatuto de Autonomía de Ceuta
permite, según el informe aportado por el consejero,
concertar este tipo de operaciones en cualquier entidad
financiera “para que la Ciudad atienda a sus obligaciones de
pago y prestación de servicios”, siempre que su conjunto no
supere el 30 por ciento de sus ingresos anuales de carácter
ordinario y queden cancelados, junto a sus intereses, antes
del comienzo del siguiente ciclo económico.
Esta situación del Gobierno fue criticada por los tres
partidos de la oposición. María Antonia Palomo explicó que
la medida no es “justa”, ya que otras comunidades ofrecen
más servicios teniendo más competencias, sin tener que
llegar a esta situación de débito. “El Gobierno de Ceuta
gasta más de lo que ingresa”, aseguró. Toñi Palomo rechazó
además la indirecta de Carreira, que pedía la mediación de
la socialista para que las compensaciones llegasen antes.
Por su parte, Mohamed Alí preguntó por las medidas
preventivas y paliativas que puso en marcha la Ciudad para
evitar que se llegase a la necesidad de pedir un adelanto de
liquidez. Mustafa Mizzian fue aún más lejos y solicitó una
reforma profunda de algunas de las herramientas de
recaudación fiscal. “Fallan los impuestos directos, falla el
IPSI en las operaciones interiores, fallan las tasas...
Estamos perdiendo ahorro neto. La última liquidación de 2004
dice que tenemos 3 millones de euros de déficit”, afirmó
Mizzian. La votación se resolvió con la aprobación del punto
gracias a los votos del PP. Mizzian se abstuvo y UDCE y PSOE
votaron en contra.
Reforma del IPSI
El punto primero del orden del día fue la modificación
definitiva de la Ordenanza Fiscal Reguladora del IPSI
relativa al pago de este impuesto ante la compra-venta de un
bien inmueble. El expediente estuvo sometido durante un mes
a la presentación de alegaciones, aceptando parcialmente una
procedente del Partido Socialista. De esta forma, el
artículo 87.1 afirma que el transmisor debe entregar al
adquisidor, en un plazo de diez días contados a partir del
devengo del tributo, una copia acreditativa de la
presentación y pago de la autoliquidación correspondiente,
“cuya causa tiene su origen en la primera entrega del bien”,
según reza la propuesta.
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Los 10 días contarán desde la entrega de las escrituras o
del bien inmueble
El segundo artículo, el 90.4 dirá
finalmente que la liquidación e ingreso de las
correspodientes cuotas se efectuará en el plazo de diez días
contando a partir del hecho que se produzca con
anterioridad: la puesta a disposición del bien inmueble por
parte del adquiriente o el otorgamiento de las escrituras
públicas relativas a las referidas transmisiones.
El Pleno de la Asamblea, refrendado con los votos del
Partido popular desestima así la parte de la alegación
relativa a la regulación del cierre registral, la afectación
de bienes y la responsabilidad subsidiaria.
De esta forma el Pleno aprobó definitivamente la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto
sobre la Producción, los Servicios y la Importación, con la
abstención de la UDCE y PDSC y los votos en contra del
Partido Socialista.
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