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El secretario general para la
Administración Pública, Francisco Velázquez, ha manifestado
la voluntad de llegar a un acuerdo con los Gobiernos
autónomos de Ceuta y Melilla para devolver a ambas ciudades
la competencia en materia de Urbanismo.
Desde el Gobierno central se admite como hecho relevante la
falta de “peligro” por la desaparición de grupos seudo
políticos como el GIL de las realidades socio-políticas
tanto de Ceuta como de Melilla, principal causa por la que
en 2000, y mediante una Ley de acompañamiento a los
Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno central
retiró esta “suculenta” competencia en aras a proteger lo
que podía haberse avecinado de no intervenir el Estado. En
este momento podríamos estar hablando de otro caos
especulativo como el que, para desgracia de los marbellíes,
ha sucedido en Marbella.
Ahora, pasado probablemente más tiempo de la cuenta desde
que la normalidad se ha establecido en ambas ciudades como
consecuencia de la llegada al poder de partidos políticos
nada sospechosos en este sentido, ya estaba siendo hora de
que tanto a Ceuta, como a Melilla se le restableciera su
estatus, el que disponían antes de 1999.
No pueden establecerse avances de no contemplar, de inicio,
la restitución de la competencia intervenida en un
coyuntural e histórico momento que, en su día, vino a dar
cumplida respuesta al afan especulativo de un grupo de
interesados y voraces empresarios que parapetados tras la
imagen de un bien general, pretendían llevarse -por detrás-
la verdadera caja.
Acabados ya con los propietarios de la ‘zanahoria’ con la
que hipnotizaron a los ceutíes, la evolución de ambas
ciudades demuestra que todo tiempo que transcurra de añadido
más es una tardanza gratuita en el cumplimiento de la
justicia que se le presupone al garante de las libertades de
los españoles.
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OPINIÓN / EDITORIAL
