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No tenemos mas remedio que ocuparnos hoy, triste realidad,
de quienes asesorados por familiares o allegados de cierta
confianza invirtieron sus dineros en “bienes tangibles” y
nada mejor para ello, pensaron, que hacerlo en AFINSA o
FORUM FILATÉLICO donde depositaron sus ahorros, quizás
conseguidos con demasiados esfuerzos, para la obtención de
unos intereses que resultaban ser de los mas altos del
mercado, alejándose de las inversiones en “ladrillos”, por
una parte, debido quizás a la modestia de sus depósitos y,
por otra, estamos seguros, rehusando a situaciones de riesgo
como las que ahora han aparecido en la ciudad de Marbella.
Y se trata, en la mayoría de los casos, de personas de
economías medias que conociendo también las situaciones
creadas por entidades financieras que dieron “el palo” como
Gescartera (que se lo pregunten al Colegio de Huérfanos de
la Guardia Civil o a la Mutualidad General de la Policia
Nacional) han ido buscando una mejor rentabilidad (en estos
tiempos que el mantener una cuenta corriente cuesta dinero)
invirtiendo en sellos, sellos que a la postre se han
convertido, viendo la forma que han tenido de multiplicarse,
en cromos y éstos, a su vez, en el elemento justo para
llevar a cabo la estafa similar al tan conocido “timo de la
estampita” que ni el genial actor Tony Leblanc en su
película “Los Tramposos” podría haber mejorado. En
definitiva: la Fiscalía Anticorrupción ha acusado a la
Sociedad de Inversiones Filatélicas AFINSA de estafa,
falsedad documental y delito contra la Hacienda Pública y al
FORUM Filatélico de estafa, blanqueo de capitales,
insolvencia punible y administración desleal, estando en
quiebra ésta ultima con un desfase patrimonial de 2.416
millones de euros.
Por otra parte el Gobierno ya ha anunciado que, a la vista
de que estas empresas no están registradas como entidades
bancarias o financieras propiamente dichas y, por
consiguiente, no sujetas a la intervención del Comisión
Nacional del Mercado de Valores, no existen mecanismos de
protección o supervisión que garanticen la integridad de las
inversiones, lo que hace que por mucha tranquilidad y
serenidad que se recomienden a los afectados “que empiecen a
recopilar documentación, resguardos bancarios y
justificantes de depósitos para poder ejercer las
reclamaciones pertinentes”, a fuerza de ser pesimistas,
pensamos que poca seguridad van a tener para conseguir de
los organismos o entidades estatales la devolución de sus
fondos ya que por las Asociaciones de Consumidores, a las
que pueden encomendar su defensa, como órganos
intermediadotes, la única acción que se les puede encomendar
es la gestión de recabar los reembolsos ante los tribunales
de justicia que, por otro lado, ardua tarea les queda para
resolver ¿en cuanto tiempo? las trescientas cincuenta mil
denuncias a presentar y la recuperación de los fondos
estafados. Pensamos, pues, que los damnificados, como
siempre, van a ser los modestos inversores citados que ya,
por desgracia, salvo que se produzca un milagro, han dado
por perdidos después de años de esfuerzo personal los
ahorros conseguidos y, lo que es peor, la esperanza de
cierto respaldo económico a su futuro. Es por tanto llegado
el momento de que por parte de los órganos de la
Administración se prevean los cauces pertinentes en orden a
la evitación de estos desmanes y se dicte la reglamentación
que corresponda para asegurar y avalar los depósitos de los
ahorradores como los que actualmente nos ocupan que han
venido actuando dentro de las más estrictas normas legales y
correspondiendo con sus impuestos reglamentarios al Erario
Publico para que luego, llegado el momento, se vean, de la
noche a la mañana, totalmente desprotegidos y despojados de
sus bienes.
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OPINIÓN
/
PERSONAL Y TRANSFERIBLE
