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La operación policial desarrollada
el pasado viernes contra una red dedicada al tráfico de
trabajadores irregulares constata una realidad que los
ceutíes contemplan cada día: buena parte del empleo
potencial de Ceuta se pierde con la contratación
clandestina. La nota discordante aquí la pone el lugar de
los hechos, pues la citada red mafiosa operaba en la
contrata de cinco locales hosteleros (cuatro cantinas y un
quinto local sin especificar) en acuartelamientos militares
de la Ciudad Autónoma. La contrata fraudulenta gestionaba
los bares y cafeterías de cinco cuarteles desde hace sólo
cinco meses y el delito ha sido detectado y los responsables
detenidos en un plazo razonable. Pero la impunidad y el
descaro de los tres detenidos, que osaron contratar a
trabajadores clandestinos para trabajar al servicio del
Ministerio de Defensa, invita a pensar que la contratación
de empleados en situación irregular captados al otro lado de
la frontera por una misera es algo más que cotidiano. Hace
no mucho, un lider sindical ceutí apuntaba con certera
puntería que Ceuta tenía sólo 19 kilómetros cuadrados y
bastaba un coche para recorrer todas las obras e identificar
a todos los obreros ilegales que cada día trabajan en la
ciudad. En un mercado laboral tan pequeño y con tan pocas
alternativas resulta vital controlar esta lacra,
especialmente con una cifra de parados que se acerca
peligrosamente alos nueve mil, dato que ponen en remojo las
administraciones públicas. Bien es cierto que si esa cifras
fuesen reales las calles no estarían tranquilas, que lo
están, pero esta duda genera la terrible sospecha de que nos
hallamos ante un grave caso de economía sumergida en la que
contratación clandestina es sólo la punta de un iceberg
capaz de llevar a pique a la economía ceutí, anémica desde
hace casi una década. Un naufragio en el que sólo se ahogan
los trabajadores y en el que, no lo olvidemos, se mueren de
hambre unas personas que cobran cien míseros euros al mes.
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OPINIÓN / EDITORIAL
