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La necesidad de “dinamizar” políticas locales de inserción
para evitar la creación de situaciones de autoexclusión fue
puesta ayer de manifiesto como una de las prioridades que
deben asumir las administraciones europeas, en la clausura
en Palma del primer Congreso de Educación en el
Mediterráneo. El éxito de una eficaz política inmigratoria
conlleva “sin duda” la inversión de importantes recursos
económicos, señalaron los expertos. El modelo de Ceuta fue
puesto sobre la mesa, al contar con una “amplia” gama de
programas favorecedores de inclusión social como el ‘Premio
Convivencia’, “nos sirve de ejemplo a seguir”, añadieron.
En el documento final se indica que España en general y la
comunidad de les Illes Balears en particular ha pasado de
ser un país emigrante a ser un país receptor de emigrantes
en cuestión de pocos años, por lo que es “necesario” adaptar
su política “a los nuevos tiempos y los nuevos modelos
migratorios”.
Para los expertos, se puede hablar de un ‘modelo migratorio
mediterráneo’ caracterizado por una “gran cantidad” de
inmigración ilegal, variedad de nacionalidades y “lentitud”
en la creación de marcos legales específicos. Además, según
señala el documento, a fin de “evitar” el riesgo de
desigualdad económica, estratificación y disparidad en las
oportunidades vitales que conlleva la sociedad multicultural
es “decisivo” poner en marcha instrumentos de protección
básica y redistribución parcial de los recursos y
oportunidades. El planteamiento del primer congreso de
Educación Mediterránea augura, ya, una segunda edición.
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educación/
inserción social
