OPINIÓN - SÁBADO, 13 DE MAYO DE 2006

¿Una sentencia desmesurada?

Por Domingo Ramos

La sentencia que la Audiencia de Madrid ha dictado contra tres policías que detuvieron a dos militantes del Partido Popular tras la manifestación de la Asociación Victimas del Terrorismo, en la que se vertieron gritos para increpar al ex-Ministro de Defensa José Bono, ha suscitado serias controversias entre los dos partidos políticos mas importantes de la nación. Y después del conocimiento de los hechos según se desprende de la sentencia citada en la que quedan demostradas diversas evidencias como aquellas de si se inventaron pruebas, se destruyeron otras, se practicaron detenciones ilegales, se dio la orden de detener a los militantes del PP y la significativa declaración del Delegado del Gobierno de Madrid en la que “calculaba que pronto habría identificaciones y detenciones”, se produce por todo ello un conglomerado de hechos y actuaciones que, aun procediendo a la lectura de los sesenta y un folios de que consta, no llegamos a valorar en su exacta medida ni considerar justas las penas a las que han sido condenados los únicos profesionales de la sentencia, no de la trama, el Comisario Jefe de la Brigada Provincial de Información, un Inspector Jefe y un Inspector todos de la Policía Nacional: nada menos que con cinco años y medio de cárcel, para el primero; cinco años para el segundo y tres años para el tercero, aparte de ocho años de inhabilitación y la indemnización de doce mil euros a los ciudadanos que fueron detenidos.

El criterio del Tribunal expresado en la sentencia dice algo así de que “el mismo no tiene elementos para entender que la conducta de los acusados en orden a las detenciones analizadas fuesen sugeridas por instancias superiores a ellos, pero sí tiene la leve sospecha de las previsiones o vaticinios de que “pronto habrá identificaciones y detenciones” ya mencionadas, pudieron haber influido en el proceder de los acusados”

A nosotros, sin querer entrar a juzgar o valorar la decisión de los jueces pero sintiendo y conociendo la responsabilidad de los profesionales del Cuerpo Nacional de Policía, nos extraña grandemente que no se hayan tenido en cuenta en la apreciación de los delitos la “leve sospecha” eximente de la orden emanada por los mandos superiores, todos políticos que, estamos seguros, indujeron a la realización de los hechos lo que ¿no hubiera podido también inducir a los miembros de la Audiencia, a dictar una sentencia no tan desmesurada, en una palabra: más benigna y nunca del grado de la que hoy nos ocupa?.

Por último, si consideramos las declaraciones de políticos, tanto del PSOE como del PP en las que nunca se pone en tela de juicio la profesionalidad de los funcionarios de policía (a nuestro entender porque no encuentran pruebas para ello) y de que, como es lógico pensar, estas sentencias se recurrirán ante superior instancia, estamos en la seguridad de que por parte del alto Tribunal se rebajaran las penas y, aun cuando se consideren los hechos probados, serán tenidas en cuenta otras circunstancias atenuantes, que de hecho tienen que existir, para la imposición de sanciones más benignas y acordes, estimamos, con las consecuencias de los delitos que se llevaron a cabo.