“No cabe duda de que los diferentes Consejos Económicos y
Sociales (CES), por relevantes que puedan ser en sus
respectivos territorios tienen siempre, desde luego, una
posición subsidiaria respecta a los organismos que
representan, casi siempre políticos”, resume Carlos
Valcárcel, secretario del Consejo Económico y Social
Canario, una Comunidad Autónoma con la que la Ciudad
Autónoma de Ceuta comparte muchos condicionantes, como es la
extrapeninsularidad y los obstáculos que ello supone para el
desarrollo socioeconómico. El CES, explica, tiene una
función principal que es trasladar a las administraciones
públicas la opinión que tienen los agentes sociales y
económicos sobre sus programas y anteproyectos de ley. Una
función, decisiva en democracia que se expresa a través de
los informes y dictámenes, y, sobre todo, en los estudios a
propia iniciativa de cada CES y que, “en términos
generales”, admite Valcárcel, recibe la “suficiente atención
y respeto” de las administraciones públicas.
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