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Las propias compañías navieras,
las que en estos momentos operan en la línea del Estrecho,
una de las más caras del mundo en relación al número de
millas marinas que se han de cubrir para unir dos puntos
terrestres, han presentado un informe por el que hacer
viable la intercambiabilidad y favorecer así los intereses
de los consumidores o al menos de la apabullante mayoría que
demanda el retorno a esta situación.
Tal es el clamor de los propios usuarios, residentes y no
residentes, que las instituciones como representantes de la
ciudadanía no han cejado en el empeño de solicitar la vuelta
a esta situación.
Por un lado, aunque la Ciudad Autónoma no es competente, el
Gobierno de Ceuta ha reclamado que el Tribunal de Defensa de
la Competencia admita como válido el informe de las navieras
sin perjuicio, claro, de que esta situación no incida
negativamente en la prestación de un cada vez mejor
servicio. Una situación respaldada por la amplísima mayoría.
Es el Estado, incluso, el que se muestra partidario en que
el propio Tribunal lo admita. El Gobierno de la Nación como
garante de los recursos y verdadero valedor del bien
general, ha hablado a través de sus interlocutores en este
mismo sentido.
De modo que si los usuarios están pidiendo el retorno de la
intercambiabilidad, las instituciones lo solicitan
igualmente y las mismísimas navieras están dispuestas a que
llegue a ser efectivo este sistema pero ajustado a Derecho,
es lógico pensar que el Tribunal de la Defensa de la
Competencia deba decidir a favor en tanto todos los
elementos implicados andan de acuerdo con la vuelta al
sistema.
No sería ni justo, ni en modo alguno entendible que un alto
tribunal como lo es el de referencia no atendiera a tantos
actores involucrados en la causa. La respuesta tendría que
ser antes de la OPE, los usuarios ceutíes también merecemos
consideración.
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OPINIÓN / EDITORIAL
