|
El Gobierno de la Ciudad rechazó ayer cada una de las cinco
mociones de urgencia presentadas conjuntamente por las
formaciones UDCE y PDSC que, pese a tratarse de medidas
orientativas, no vieron prosperar ninguna de sus propuestas.
En primer lugar, los dos partidos propusieron al Gobierno
que estudiase la posibilidad de suspender las órdenes de
demolición de las viviendas edificadas sin licencia que
puedan ser legalizadas. La propuesta también instaba a la
revisión de las sanciones impuestas a todos los expedientes
por infracción urbanística ya que se hacen “de forma abusiva
y aplicando la ley hasta el máximo permitido” y a la
inclusión en futuros convenios con Defensa de la cesión a la
Ciudad de las parcelas ubicadas en el Poblado de Regulares,
Benzú, Finca Guillén y otras similares como punto de partida
de futuras regularizaciones. La consejera de Fomento, Elena
Sánchez, explicó que votarían negativamente pese a
comprometerse a estudiar el contenido de la moción y que el
Gobierno no puede evitar el cumplimiento de la normativa.
La segunda moción instaba a la Ciudad a iniciar o agilizar
una serie de medidas, incluido el establecimiento de
negociaciones con las autoridades marroquíes, contactos con
el Gobierno central o la elaboración de diversos informes,
dirigidos a paliar la crisis económica a través de los
mecanismos ya conocidos: reforma del IPSI, abaratamiento del
transporte, aduana comercial, objetivo 1 de la UE, etc.
Emilio Carreira explicó que esta moción da la razón a la
política de Vivas y condicionó al apoyo del Gobierno la
buena marcha de gran parte de estas medidas que, por otra
parte, ya se están adoptando.
La tercera moción pretendía buscar una solución para los
trabajadores enmarcados en los planes de Empleo,
reinsertándolos en el mercado laboral a través de convenios
o bien incorporándolos a empresas municipales. Yolanda Bel
respondió que dichos trabajadores y especialmente los del
Pacto Territorial, pasarán a formar parte del Plan de Empleo
2006, pero que su selección depende del INEM y se escapa de
las competencias de la Ciudad.
El diputado Mohamed Alí presentó una propuesta en la que
instaba al Gobierno a la creación de un salario mínimo al
objeto de garantizar un salario mínimo para personas con
escasez de recursos, tomando como argumento la enorme tasa
de paro que padece la Ciudad, “el doble de la media
española”, y cuestiones como “el umbral de pobreza o el
chabolismo”. Según Yolanda Bel, el establecimiento de una
renta no es una medida que venga aconsejada por ninguno de
los informes técnicos que maneja la Ciudad, ni es aplicada
por ningún Gobierno, además de suponer “una medida obsoleta
y un paso atrás en la política social”. Según la consejera,
la política social se basa en programas de formación,
reinserción y planes de empleo.
Por último, las dos formaciones presentaron una moción en la
que recomenban a laCiudad buscar fórmulas para conseguir la
gratuidad de los libros de texto en los niveles de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria. Alí justificó la propuesta
en el fracaso escolar y su repercusión sobre el elevado
desempleo. La portavoz del Gobierno, Elena Sánchez,
reconoció que la gratuida de los libros de texto es el
estado ideal que habría que alcanzar en Educación y que la
Ciudad ha elevado las ayudas y becas con este fin pero
“sería imprudente tomar esta medida sin un informe técnico
que estudie sus repercusiones económicas”.
|
POLÍTICA /
MOCIONES
