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La propuesta conjunta que las formaciones UDCE y PDSC
formularon en el Pleno de ayer dirigida tanto al Gobierno de
la Ciudad Autónoma como al propio Gobierno central y
relativa a la necesidad de acordar un plan de cooperación en
materia de empleo y formación profesional no pudo ser
aprobada, ni siquiera en parte, debido a la insistencia del
líder del PDSC, secundada por su colega de iniciativa,
Mohamed Alí, de no fragmentar los diversos puntos de que
constaba la proposición.
Mustafa Mizzian defendió una propuesta que constaba de siete
iniciativas dirigidas a paliar el altísimo índice de
desempleo que asola “a todos los sectores de población
activa y principalmente a los jóvenes”, pero
inexplicablemente, no quiso ceder a las peticiones de todos
los portavoces para que partiera la propuesta y se pudiera
votar por separado. La consejera de Sanidad, Yolanda Bel, le
pidió al líder del PDSC que fragmentase la iniciativa porque
el Gobierno estaba de acuerdo con 5 de los 7 puntos, no
pudiendo votar a favor de las otras “por cuestiones
legales”.
Mizzian solicitaba que la duración de los contratos de los
planes de empleo pasase de 9 a 12 meses, porque “el
trabajador no puede siquiera acceder al subsidio de
desempleo al terminar el contrato”. Yolanda Bel explicó que
la duración de estos contratos viene dado por ley y no
compete a la Ciudad establecer ningún cambio al respecto.
En el último de los apartados, se pedía la articulación de
medidas que propiciasen el acceso al empleo público de otros
colectivos y culturas, “ya que la composición del
funcionariado ceutí no es precisamente un ejemplo de
interculturalidad”. Mustafa Mizzian explicó que sería
interesante una mayor presencia multicultural en ámbitos
como el área de Bienestar Social o la Policía, incluyendo
méritos como el de un segundo idioma. Yolanda Bel explicó
que en el caso de un concurso para acceder a la
administración pública, la ley deja muy claro que no se
permite ningún tipo de discriminación, ni positiva ni
negativa.
Consenso en el resto
Fuera de estas dos cuestiones, que fueron rechazadas por el
impedimento legal de llevarlas a cabo, el Gobierno se mostró
conforme con todas las iniciativas, aunque la insistencia de
Mizzian en no fragmentarlas evitó su aprobación. Mizzian
alegó que se trataba de una petición cohesionada y que
simplemente pedía esfuerzos en una dirección y no medidas
concretas que se implantasen inmediatamente.
La iniciativa pedía, en primer lugar, el incremento de los
recursos destinados a programas de empleo y talleres de
formación profesional. En segundo lugar, se solicitaba la
creación de un Plan Juvenil específico de empleo, que
atendiese también a mujeres y otros colectivos
desfavorecidos. Mizzian propuso igualmente el fomento de los
planes de formación profesional en los sectores turístico y
de industria ligera, así como la creación de talleres de
empleo para formar a jóvenes en otros ámbitos que demandan
trabajadores, como pueden ser construcción, electrónica,
servicios, informática, madera o artesanía popular. Este
apartado fue aceptado por la consejera Yolanda Bel que,
aunque advirtió que el Gobierno de la Ciudad “ya dirige los
planes de empleo a los sectores con mayor índice de paro”,
no vio mal una “modernización” de los mismos. Mizzian sí
encontró la oposición de María Antonia Palomo, quien no
encontró sentido a que fuesen esos y no otros los sectores
que necesitasen ser fomentados, por lo que sugirió la
conveniencia de elaborar un informe técnico previo.
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POLÍTICA / EMPLEO
