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Será a primeros del próximo mes de
abril cuando, de nuevo, las administraciones de Ceuta y
Melilla vuelvan a reunirse ‘bilateralmente’ con la del
Estado para analizar circunstancias afectas a las dos
ciudades autónomas.
Los asuntos competenciales son, de manera evidente, los
protagonistas de la reunión que contemplará la posible
asunción de competencias en materia de Empleo o de Bienestar
Social respecto del Imserso, así como el retorno de la
responsabilidad sobre el Urbanismo (Fomento) que fue
retirado mediante Ley de acompañamiento en el 2000 por causa
de la desconfianza que el GIL ofrecía al Estado una vez
aupado al poder tras una perturbadora moción de censura.
Desde entonces, y ya han pasado cinco años desde la retirada
de esta competencia, el Estado no ha devuelto el traspaso
sobre esta materia a las ciudades autónomas.
El caso es que el camino para que se haga efectivo, de
nuevo, parece un tanto allanado por el simple hecho de que
no debe caer en duda ni en desconfianzas gobiernos como los
actuales al frente de las administraciones autonómicas. En
tanto, devuelve el recuerdo de la fragilidad autonómica de
ambas ciudades que vieron, de un plumazo, recortadas sus
competencias, algo que en otras comunidades -aunque posible-
parecería impensable. Argumento probablemente adecuado como
para tomarse muy en serio las reuniones en torno a la
reforma estatutaria.
El Estatuto de Autonomía no es un juego de niños. Muchos
ceutíes pelearon en los 80 y en los 90 por adquirir la
condición de Comunidad Autónoma para no quedar relegada
Ceuta a una situación, cuanto menos, dudosa respecto del
ordenamiento territorial de España. Aunque superados estos
temores, por infundados, a fuerza de la realidad cotidiana,
se hace necesario el consenso y la participación de todos en
la elaboración del nuevo texto que nos debe regir en las
próximas décadas. Ceuta está muy por encima de intereses
partidistas, eso debería estar ya muy claro entre la actual
clase política, algunos no parecen saberlo del todo.
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OPINIÓN / EDITORIAL
