Los principales criterios que se tendrán en cuenta para
baremar las solicitudes a la hora de adjudicar las 17
parcelas del polígono industrial de Loma Margarita serán la
actividad industrial, que debe ser de transformación o
producción, y las expectativas de generación de empleo. Esta
es la principal resolución que se desprende de la reunión
que mantuvieron ayer responsables de la empresa pública
Procesa con los presidentes de la Cámara de Comercio, Luis
Moreno, y la Confederación de Empresarios de Ceuta, Rafael
Montero Ávalos.
Además de estos dos criterios fundamentales se valorarán
otros transversales como la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, la posibilidad de acceso de
discapacitados, el nivel de tecnología empleada durante el
proceso productivo y la utilización de energías limpias y
productos ecológicos.
Estos criterios determinados por Procesa y los agentes
sociales y económicos han de ser aún ratificados por el
Consejo de Gobierno, que es el encargado de redactar el
pliego de condiciones definitivo. Por el momento se tratan
sólo de una recomendación, aunque lo lógico sería que el
pliego final no difiriese mucho de estas directrices.
La reunión también sirvió para que los empresarios acordaran
junto con Procesa una aproximación al coste de cada parcela.
El terreno está dividido en 17 parcelas de 580 metros
cuadrados cada una (con posibilidad para construir a dos
alturas, con lo que se doblaría la superficie efectiva).
Finalmente se acordó el pago de un canon inicial de 70.760
euros por parcela y un canon anual de 1.700 euros al año,
con la revisión correspondiente del IPC anual. El precio
acordado del canon inicial supone un coste de 122 euros por
metro cuadrado de polígono.
Otros temas tratados en la reunión de menor repercusión,
fueron cuestiones como el régimen de transmisión y criterios
de funcionamiento y uso. Entre ellos destaca el derecho de
tanteo que se reserva la Ciudad en caso de venta con el fin
de asegurar la finalidad industrial del polígono, evitando
la entrada de empresas con fines especulativos o que frenen
la dinamización del conjunto.
Vial del Tarajal
El pasado miércoles, Procesa recibió el proyecto que el
estudio formado por el arquitecto Luciano Alcalá y el
ingeniero de caminos, Rafael Montes, efectuaron sobre la
ampliación del tramo de la N-352, que comunica el puerto con
la frontera del Tarajal. El viernes, la empresa pública
mandó una copia a la Delegación del Gobierno y otra a la
Dirección General de Carreteras para obtener el permiso
necesario para acometer la obra. Según fuentes de Procesa,
esta autorización no debería negarse, “ya que el proyecto ya
introduce alguna recomendación de la Dirección General, a la
que ya se mandó el anteproyecto de la actuación”. Sin
embargo, para que esta obra salga a licitación todavía debe
pasar por algunos trámites, incluida la propiedad de parte
del terreno, que retrasarán su puesta en marcha varios
meses. Una vez se adjudique, contará con un presupuesto
cercano a los 5 millones de euros y un plazo de ejecución de
8 meses.
La obra de la N-352 consiste en una ampliación a dos
carriles por sentido de circulación desde la rotonda del
hospital hasta la frontera, el traslado y reducción de la
rotonda del hospital y la habilitación de una rotonda para
la subida al Príncipe. También habrá otras actuaciones
menores, como la ampliación de la acera, el corrimiento de
algunos locales comerciales para dar paso a los nuevos
carriles y la creación de una acera en el lado opuesto. La
ejecución de esta obra servirá para agilizar el tráfico en
la frontera y enlazará con la futura carretera hasta el
puerto prometida por Zapatero.
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