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La empresa pública Emvicesa ha explicado el proceso de
adjudicación y los mecanismos de control de las viviendas
protegidas, a raíz de la última polémica surgida en cuanto a
la adjudicación de las mismas. Las próximas viviviendas
protegidas que se entregarán serán las 60 de Villajovita.
“Son pisos bien ubicados y terminados de 2, 3 ó 4
dormitorios, menores de 90 metros cuadrados, según los
estándares de las viviendas protegidas y se recibirán entre
abril y mayo, por lo que podrán ser adjudicadas durante el
verano”, explica Francisco Márquez.
La empresa Emvicesa, por encomienda de la Comisión Local de
Vivienda, adjudica los pisos, aunque su función es la de
promover construcciones. La Comisión Local es la que impone
los criterios de adjudicación, siempre de acuerdo con la
normativa vigente en el Plan de Vivienda correspondiente.
Dependiendo del Plan de Vivienda que esté en vigor, las
condiciones obligatorias dentro del marco legal, varían. “En
Emvicesa tratamos de que los adjudicatarios cumplan todos
estos requisitos. Podrían cometerse fallos porque, al fin y
al cabo, se trata de una selección documental y parte de la
documentación entregada podría estar incompleta o errónea,
pero no es lo normal. Aquí es donde llega la responsabilidad
de Emvicesa. Luego, una vez entregada las llaves y como
cualquier promotora, tenemos que garantizar los aspectos
técnicos y que la calidad de lo entregado responda a lo
previsto en el proyecto durante el período de garantía”.
explica Francisco Márquez.
Una vez entregado el piso y fuera de aspectos técnicos, la
vigilancia y control de que las viviendas cumplan con la
normativa vigente en el Plan de Vivienda, corresponde a los
técnicos de Fomento. Ellos son los encargados de ejercer la
vigilancia sobre aspectos como el realquiler o venta antes
del tiempo previsto para una vivienda protegida (en la
actualidad son 30 años para la venta).
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El Consejo de Gobierno ha aprobado un régimen sancionador
El Consejo de Gobierno ha aprobado
y publicado el pasado viernes, el proyecto de un reglamento
de desarrollo de actuaciones protegidas en materia de
vivienda a nivel local y nacional en el cual se incorpora
por primera vez una serie de medidas que se conocen como
‘régimen sancionador’ en cuanto a su incumplimiento. “Este
‘régimen sancionador’ actuaría cuando se incumpliesen normas
básicas como la no utilización como vivienda habitual, o su
indebida venta o alquiler”, Márquez.
Este reglamento será llevado al próximo Pleno de abril.
“Todo esto es muy nuevo, ya que las competencias en materia
de vivienda fueron transferidas en el año 97 y fue necesario
un período de adaptación. Hay abiertos ya siete expedientes
en la consejería de Fomento sobre viviendas que no han
realizado un uso adecuado de sus viviendas”, concluyó
Márquez.
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VIVIENDA / V.P.O.
