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La Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación
del Ministerio de Fomento, la Dirección General de Aviación
Civil, la Ciudad Autónoma de Ceuta y ocho ayuntamientos
españoles han sido calificados por el Defensor del Pueblo
como "administraciones entorpecedoras" de su trabajo durante
el año 2005.
Según el informe elaborado por el Defensor del Pueblo, las
administraciones citadas son “entorpecedoras” porque “han
dificultado u obstaculizado” su trabajo, “bien porque lo han
hecho sistemáticamente o bien porque han desarrollado alguna
actuación que, por negativa, merece ser destacada”.
Respecto a la Secretaría de Estado de Infraestructuras del
Ministerio de Fomento, el Defensor señala que como viene
siendo habitual en los últimos años, las quejas que se le
tramitan tienen que ser requeridas dos o tres veces para
conseguir una respuesta y cita una quincena de casos.
En el caso de la Dirección General de Aviación Civil, el
entorpecimiento que denuncia el Defensor del Pueblo, tiene
que ver con una sugerencia sobre la convalidación de los
títulos de controlador emitidos por un país extranjero y han
llevado al Defensor a elevar una queja ante la Secretaría
General de Transportes.
La Ciudad Autónoma de Ceuta no respondió a las solicitudes
del Defensor del Pueblo en relación a las dificultas de
acceso a la Barriada Príncipe Alfonso.
Los ocho ayuntamientos “entorpecedores” son los de Caravaca
de la Cruz (Murcia), Las Ventas de Retamosa (Toledo),
Logroño, Mérida (Badajoz), Morón de la Frontera (Sevilla),
Noja (Cantabria), Peñíscola (Castellón) y Torrevieja
(Alicante).
Ninguno de ellos ha contestado a las peticiones de informes
sobre asuntos como infracciones urbanísticas, molestias
producidas por obras, hoteles o restaurantes.
En un segundo grupo, el Defensor reúne a las
administraciones que, tras recibir "hasta tres veces" sus
quejas, no han dado contestación en 2005. En él incluye a
los Ministerios de Fomento y de Interior, las comunidades
autónomas de Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha,
Extremadura, Madrid, Murcia, el País Vasco y la Comunidad
Valenciana, así como medio centenar de ayuntamientos, además
de dos colegios de abogados.
Entre el medio centenar de ayuntamientos que no han atendido
las peticiones del Defensor del Pueblo, están los de
Alicante, Barcelona, Benidorm (Alicante), Getxo (Vizcaya),
Marbella (Málaga), Mérida (Badajoz), Pontevedra, Sevilla,
Toledo, Torrevieja (Alicante) y Zaragoza.
El Defensor del Pueblo dedica un tercer apartado a las
administraciones que han contestado pero sólo después de
tres requerimientos de esa institución, donde sitúa a seis
ministerios, seis comunidades autónomas (con un número
especialmente alto de casos en la comunidad de Madrid), 70
corporaciones locales, además del Consejo del Poder
Judicial, dos colegios de abogados y Telefónica.
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