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La Ciudad Autónoma celebró ayer la
Junta General anual en la que se aprobaron las cuentas de
sus ocho empresas públicas, a saber: Servicios Turísticos de
Ceuta, Amgevicesa, Obimasa, Emvicesa, Procesa, Acemsa,
Servicios Tributarios y Radio Televisión de Ceuta. La Junta
aprobó sobradamente estas cuentas con los votos populares,
aunque los partidos de la oposición votaron en contra de
algunas de ellas, como Servicios Turísticos, Obimasa,
Emvicesa, Procesa o Acemsa, por considerarlas deficitarias y
una carga para la Ciudad Autónoma, que bien podría ceder
estos servicios a modo de concesión.
Teóricamente, una empresa pública busca la rentabilidad
social sobre la rentabilidad económica típica de las
empresas privadas. La gran mayoría de las ciudades y estados
del mundo controla empresas con diferentes fines, que pueden
ser proveer servicios públicos, incentivar la producción del
país o generar empleo. Esta es la razón principal por la que
una empresa es gestionada por un organismo público, la de
anteponer el interés general de los ciudadanos a la mera
rentabilidad económica, si bien sería deseable que las
empresas municipales pudiesen refinanciarse con el ejercicio
de su propia actividad, es decir, con el cobro del servicio
que prestan.
Acemsa se encarga del abastecimiento de agua y la red de
saneamiento, Procesa de la promoción y desarrollo de
inversiones, Emvicesa de la distribución del suelo y la
promoción de viviendas, Amgevicesa gestiona los servicios de
aparcamiento y grúa (además del reciente teléfono 112),
Obimasa realiza obras menores... Todas estas empresas
realizan una labor que garantiza que los servicios de su
competencia lleguen a la ciudadanía. Algunas de ellas, como
Procesa y Servicios Tributarios, pretenden dar un paso más y
convertirse en órganos autónomos para asegurarse un poder
sancionador que dé agilidad a su gestión. Todo correcto,
pero sin olvidar que debe tenderse a la solvencia económica.
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OPINIÓN / EDITORIAL
