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La Ley de Propiedad Intelectual, que consagra y amplía el
canon a favor de los autores sobre los soportes digitales,
desde CD a reproductores de MP3, es desde el viernes una
realidad. El Congreso aprobó, con la abstención de ERC y
PNV, una norma que ha generado una gran polémica entre
autores, productores, distribuidores, radios, televisiones y
asociaciones de usuarios. Tras los últimos retoques en el
Senado, las que se muestran más satisfechas son las
sociedades de gestión de derechos de autor.
A pesar de la oposición de usuarios -se recogieron más de
100.000 firmas- y algunos expertos, el canon fue apoyado por
el PSOE y el PP, que lo defendieron como la única manera de
garantizar el equilibrio entre el avance de la tecnología y
los derechos de los autores.
El largo debate sobre la reforma de la Ley de Propiedad
Intelectual ha estado marcado por un evidente choque de
intereses entre la industria, los autores y los usuarios.
Los partidos han tenido que optar sabiendo que estaba en
juego mucho dinero, y que casi cada artículo podía suponer
un ingreso o una pérdida extraordinaria para cualquiera de
los sectores implicados que, según fuentes de la
negociación, han presionado constantemente a los
legisladores. Más de 100.000 firmas pedían su abolición, la
SGAE aseguraba su fiabilidad; la ley da sus primeros pasos.
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