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La sesión plenaria del mes de
junio se ha caracterizado por su extensión, algo más de seis
horas y por su intensidad en función de el elevado número de
asuntos tratados por los grupos parlamentarios representados
en la cámara ceutí.
La regularización en materia de adjudicación de viviendas
evitará situaciones injustas y erradicará las complicaciones
derivadas de la histórica falta de una norma que
estableciera y definiera las condiciones para obtener la
consideración de aspirante a la concesión de una vivienda de
protección, al tiempo que un censo informará a la
Administración de la situación en la que se encuentran las
viviendas adjudicadas y se controlará el hasta ahora cierto
desahogo de quienes encontraban el acceso a una VPO o VPT y
al poco tiempo especulaban con la propiedad bien por su
venta, bien por su alquiler.
El Pleno dio el sí, ya costó, para la implantación del
teléfono único europeo de emergencias 112, algo que una vez
salvadas las complicaciones, situará a la ciudad en nivel
equiparable a las demás regiones de la Unión Europea.
La escalada tensa llegaba en el punto en el que se
solicitaba la reorganización de la Policía Local. El partido
que sustenta al ejecutivo ceutí se alineó a favor del actual
orden del cuerpo policial, situación obvia y de
responsabilidad en quien ejerce la acción de Gobierno. Nadie
duda de que la formación para ejercer como funcionario
policial es una condición vital y absolutamente necesaria.
Es más los cursillos especializados para según qué unidad de
trabajo son absolutamente indispensables. El asunto, en todo
caso, por su delicadeza debiera tratarse con la altura de
miras necesaria y no desde posicionamientos populistas que
más que ayudas a la situación, provocan una mayor
crispación. Algo que debieran evitar, por la responsabilidad
inherente en su condición de representantes, los políticos
que juegan en la ‘cancha’ del desarrollo y buen futuro de
Ceuta.
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OPINIÓN / EDITORIAL
