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No pocas voces autorizadas, por su coherencia y sapiencia,
se vienen alzando en los últimos tiempos a favor de la joven
democracia española. Por algo será, pienso yo. Cuando
derechos vitales no se consideran o se malinterpretan, la
convivencia democrática se devalúa por mucho que se nos
llene la boca de constitucionalismo. De igual modo, cuando
perdemos libertades, más o menos solapadamente, la sociedad
democrática se retrotrae y las relaciones de cooperación
también retroceden. Me llama la atención, igualmente, que
las opiniones de personas sumamente ilustradas pasen
desapercibidas cuando hacen denuncias muy graves, como puede
ser la actual atmósfera de desconcierto e intereses
mezquinos que nos gobiernan, o cuando piden protecciones que
nos asisten por la naturaleza misma, como son los derechos
humanos. ¡Qué menos!
Yo espero que esta vez me confunda y, la voz de un cardenal,
tenga la repercusión debida. Aunque sólo sea por la gran
mayoría de españoles católicos, a juzgar por los sacramentos
que solicitan cada día más fieles, los abundantes
movimientos eclesiales que existen y a los que acuden
personas de toda condición, o el aluvión de gentes que van
en procesión a lugares de culto y recogimiento. Como digo,
las palabras dichas recientemente por un hombre de peso,
nada menos que las del primado y arzobispo de Toledo Antonio
Cañizares, no debieran pasar desapercibidas para nadie, y
menos para un gobierno que ha de gobernar para todos los
españoles, haciendo política de Estado y no partidismo. Lo
de hacerse el sordo, no escuchar la voluntad popular y
promover políticas para unos pocos, no me parece ni serio ni
justo.
El cardenal criticó, como no podía ser de otra manera, la
política educativa y familiar del Gobierno, así como el
divorcio y el aborto, asegurando que si no se respetan los
Acuerdos con la Santa Sede en materia de educación
“acudiremos al Tribunal Supremo”. La política actual del
gobierno no ha podido ser hasta ahora más contraria a los
católicos. El actual ejecutivo ha sido pionero en debilitar
a la familia, hasta confundirla con otras estructuras y
otros tipos de uniones. Los padres que tienen el deber
primero y el derecho inalienable de educar a sus hijos y
deben ser considerados los principales educadores, se
encuentran con gobiernos que no les permiten ni la elección
de centro de enseñanza, con lo cual, los padres ya no tienen
el derecho preferente a escoger el tipo de educación que
quieran darle a sus hijos. Tampoco se puede infravalorar la
enseñanza de la religión católica cuando la mayoría de las
familias la solicitan como es público y notorio.
Los responsables públicos zarandean a la joven democracia
española cuando actúan con prepotencia e imposición como es
el caso, puesto que ellos son garantes de los derechos de
todos y tienen la obligación de defender estos derechos y
libertades. Las verdaderas conquistas sociales, las
auténticas democracias, promueven y tutelan la vida de cada
uno de sus ciudadanos (sea votante del partido o no) y al
mismo tiempo el bien común de la sociedad (no el bien del
partido en el gobierno). En consecuencia, en un futuro
prometedor, en una sociedad más próspera, ecuánime y abierta
a los valores del espíritu, tiene que haber más democracia
real. Y una elocuente voz como la del cardenal, debe ser
considerada y reconsiderada para que la democracia gane,
para que ganemos todos.
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OPINIÓN
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ALGO MÁS QUE PALABRAS
