Ayer comenzó en la sección sexta de la Audiencia Provincial
de Cádiz con sede en Ceuta el juicio por el asesinato de un
camerunés en el verano de 2004 y cuyo cadáver fue hallado en
el monte próximo al Arroyo del Infierno. Dos jóvenes
ceutíes, H.M.A. y Y.A.H., cumplen prisión preventiva por su
presunta implicación en un homicidio que pudo deberse a un
ajuste de cuentas por actividades relacionadas con el
tráfico de estupefacientes.
Según las investigaciones policiales efectuadas en los días
sucesivos al de autos (4 de agosto de 2004), el fallecido
habría ido al pantano en un coche junto con un amigo y los
dos detenidos. Allí se hubiera producido la reyerta que se
saldó con la muerte de uno de los subsaharianos y con la
huida del otro.
Declaración de los acusados
Los dos detenidos prestaron declaración ante los tres
magistrados que juzgan el caso en la primera sesión de un
juicio en el que el único testigo del sumario se encuentra
en paradero desconocido.
H.M.A., detenido el mismo día de los hechos y presunto
cabecilla de una red organizada dedicada al narcotráfico,
reconoció conocer al fallecido “por trabajo” aunque no se
declaró culpable de los hechos que se le imputaban. Según
relató, el día de autos a primera hora de la mañana tuvo un
incidente con ambos subsaharianos en la estación marítima
“por un asunto de dinero” pero nada tuvo que ver con la
muerte del camerunés ni tampoco con su presunto traslado en
coche al lugar donde luego fue hallado sin vida horas más
tarde.
H.M.A. afirmó que estaba en la Comandancia de la Guardia
Civil “poniendo una denuncia porque tenía que recuperar los
24.000 euros que le requisaron al fallecido” cuando
supuestamente se cometió el crimen.
El dinero había sido intervenido por los agentes de la
Guardia Civil destinados en el puerto tras acercarse a dos
personas de raza negra y al acusado que estaban teniendo una
discusión. En un primer cacheo, los agentes hallaron 24.000
euros en metálico en poder de uno de los subsaharianos, una
cantidad que de inmediato fue reclamada por el ceutí que
incluso llegó a presentar los papeles de la venta de una
vivienda en Algeciras como muestra del origen del dinero
aunque durante el juicio reconoció que él sólo era el
encargado de “coger el dinero que traían en el barco y
llevarlo a Marruecos”.
Y.A.H., hijo de un Policía Nacional, fue detenido una semana
después del asesinato y negó en todo momento haber tenido
alguna relación con lo sucedido: “estuve con mi novia en la
feria hasta las seis y pico de la mañana que llegué a casa y
estuve durmiendo hasta las cinco, luego me llamaron para
decirme que mi amigo estaba detenido y fui a Comisaría, una
semana más tarde me citaron y me presenté voluntariamente
con mi padre”.
En el juicio, la declaración del testigo de cargo es de
vital importancia al menos para confirmar la presencia de
Y.A.H. en el lugar de los hechos ya que fue mediante un
reconocimiento fotográfico (tras el que no hubo ninguna
rueda de reconocimiento) como el subsahariano identificó al
segundo de los supuestos agresores. “Es imposible que
conociera al muerto porque nunca me he relacionado con esas
personas”, señaló Y.A.H.
El testigo de cargo huyó del lugar de los hechos hasta
encontrarse con el vigilante del Arroyo del Infierno que fue
quien dio parte a la Guardia Civil y a los servicios de
emergencia: “el hombre estaba muy agitado, tenía heridas en
la cara y me decía llorando que su amigo corría un serio
peligro y que le habían atacado dos musulmanes a los que
conocía, aunque no recuerdo si me dijo sus nombres”,
explicaba ayer el vigilante en su declaración ante el
tribunal.
El cadáver fue hallado a tres kilómetros del pantano en una
zona de monte sin acceso y presentaba numerosas heridas de
arma blanca. Según el forense, la causa de la muerte fue “un
shock hemorrágico debido a la sección de la yugular”.
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Suspendido el juicio hasta el 5 de julio
En un primer momento, el testigo
de cargo, el subsahariano que acompañaba al fallecido, fue
detenido hasta determinar cuál era su implicación en los
hechos de los que logró sobrevivir. Ahora, permanece en
paradero desconocido y nada se ha sabido de él en los casi
dos años que han pasado desde el día de autos.
En la jornada de ayer, tanto el Ministerio Fiscal como la
acusación particular solicitaron al tribunal la suspensión
del juicio para poder localizar al único testigo del
sumario. A pesar de la negativa de uno de los abogados de la
defensa, la Sala estimó oportuna dicha suspensión y fijo la
fecha del próximo 5 de julio para la continuación de este
juicio a fin de realizar las gestiones necesarias para traer
a declarar al testigo.
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