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La actuales leyes de educación son
un auténtico desastre y en eso estamos todos de acuerdo, en
eso y en que, la moral pamplinosa de los gobernantes y
autoridades consagra un “derecho” a la educación obligatoria
que crea a auténticos objetores escolares.
No se puede “obligar” a un chaval de hasta dieciséis años a
permanecer en un aula cuando se niega a ello y lo único que
consigue es retrasar el funcionamiento de todo el grupo.
También estamos de acuerdo con que, a esos objetores
escolares de fatal comportamiento y nulo interés en su
educación habrían de dárseles otras opciones y en muchos
casos de alumnos excepcionalmente violentos y agresivos, ser
sometidos a una terapia y a exámenes psiquiátricos capaces
de determinar si, esa conducta, es derivada de algún
problema mental grave que requiere una medicación.
Aquí en la península el problema de la violencia en las
aulas y el de elementos indeseables escolarizados a la
fuerza es una auténtica realidad. Y a esos elementos
indeseables no se les gana con charlitas cursis y ayuda de
psicólogos. Si hay fallos en el comportamiento puede que un
profesional de la psicología sea capaz de aplicar una
psicoterapia adecuada, pero si el problema es más profundo y
toma el nombre de patología ahí es necesario el dictamen
pericial de un buen psiquiatra y seguramente ayuda química.
No hay que olvidar que, los enfermos mentales, tan
abundantes en nuestra sociedad, no han desarrollado su
patología necesariamente a partir de la madurez sino que,
muchos de ellos la arrastran desde la infancia y los
maestros, excepcionales profesionales, no están capacitados
para bregar con enfermos psiquiátricos y mucho menos
capacitados para curarles. Eso si, en esta época
excepcionalmente cursi y de profesionales de la buena
conciencia en la que vivimos, al alumno conflictivo no se le
puede expulsar automáticamente y poner en manos de médicos
para que diagnostiquen, sino que, como mucho, se le cambia
de centro o se le relega a un “aula de integración”
compuesta por aspirantes a perdedores y elementos varios con
idéntico desinterés por la educación.
El derecho a la educación es indiscutible, pero también lo
es el derecho de los maestros e recibir el respeto
necesario, impartir su magisterio en un ambiente adecuado e
imponer esos conceptos que, desgraciadamente hoy parecen
pasados de moda como son la urbanidad y la disciplina. Aquí
en la provincia de Málaga se han dado casos de extremo mal
comportamiento en la escuela y casos aún más dramáticos de
padres que han agredido a los profesores que se han atrevido
a recriminar la mala educación de los hijos, de lo que se
deduce que, si los hijos, son unos indeseables, tienen a
quienes parecerse porque, sus progenitores, son auténtica
gentuza. En este supuesto de hijos violentos de padres
violentos, el reproche moral es doble y la actuación de las
instituciones ha de ser doble también porque puede, que el
alumno conflictivo que procede de un entorno conflictivo,
alejado de ese entorno fatal y retirada la patria potestad y
tutela a los padres incapaces, ese chaval, pueda
desarrollarse tutelado por las autoridades, en lugares como
la ciudad de los niños, las aldeas infantiles o los pisos de
acogida que existen en diversas comunidades autónomas.
Cuando un objetor escolar pasa a ser un elemento peligroso,
se impone el diagnóstico del entorno familiar y social y si
este es nefasto el chico puede que tenga como única
oportunidad el ser radicalmente desligado de su entorno y de
su ambiente y acogido geográficamente lo más alejado posible
del centro del conflicto. Faltan derechos del niño sensatos
y bien estructurados y derechos del adolescente que superen
con mucho la almibarada ley del menor, llena de buenas
intenciones pero a veces bucólica e irreal. Porque hay
jóvenes que pueden ser reinsertables y reeducables, pese a
haber cometido puntualmente un hecho delictivo, pero hay
también auténticos cabroncetes multireincidentes y que
tienden a la criminalidad y a esos no hay terapia que les
“reeduque” porque se niegan a ser reeducados, para estos
últimos dictamen pericial psiquiátrico por si nos
encontramos ante psicopatías o trastornos bipolares
tratables químicamente y una atención especial para que la
mala manzana en el cesto no pudra al resto. He bregado mucho
con jóvenes (me niego a llamarles menores, como si fueran
niñitos) y he encontrado a gamberros recuperables con buena
disciplina y a auténticos hijoputas víctimas de la dolorosa
ausencia en nuestro sistema de buenos hospitales
psiquiátricos infantiles y juveniles para curar a las
criaturas. La madre de un hijo que apuntaba maneras de
psicópata me dijo llorando “¿Y a un loco de catorce años
adonde se le mete pa que le curen?” Y yo que sé señora.
Falla el sistema. Muchos dengues para los criminales presos
de ETA para que no se traumaticen, pero si tenemos un hijo o
una hija enfermos mentales, no hay donde meterles ni quien
se ocupe de ellos, por eso, por esa carencia terrible de
medios, hoy podemos hablar del derecho a la educación y del
derecho de determinados elementos incontrolados e
incontrolables, a la mala educación. Esto es una mierda.
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OPINIÓN / ESPAÑA CAÑÍ
