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El Estatuto de Autonomía sigue
dando vueltas en la realidad política de la Ciudad Autónoma.
Si ayer Mohamed Alí afirmaba que sería “un error histórico”
la aprobación de un Estatuto que no contase con el visto
bueno de su formación, María Antonia Palomo pide hoy el
cumplimiento del acuerdo plenario que supedita a la
unanimidad de los partidos la aprobación del borrador.
Entre medias, la plataforma por la Autonomía, un grupo
paralelo sin capacidad de decisión, pero cuya presencia
pretende asegurar y complementar el trabajo de los
portavoces, pide prisa y amenaza con movilizaciones si no
hay adelantos al cumplimiento de la fecha acordada, el
próximo 30 de junio.
La portavoz del Gobierno, Yolanda Bel, explicó hoy que la
postura del Gobierno es de ‘stand by’ hasta la venida de
esta fecha. Más o menos, dejar que transcurra el tiempo por
si sucede algo que evite tomar decisiones costosas, aunque
sin descartar la opción presentada por la plataforma y
proceder a una aprobación simple a dos bandas, es decir,
entre los dos grupos políticos que acuden regularmente a las
sesiones y que cuentan además con representación
parlamentaria . Sin embargo el PSOE ya ha descartado esa
opción bilateral, aludiendo a la necesidad de consenso para
evitar una fractura en la cohesión social de la ciudad.
Las alternativas son, por lo tanto, muy peliagudas en
cualquier dirección. Si se sigue adelante con el Estatuto
valiéndose el Gobierno de su mayoría suficiente, dicho
proyecto no tiene otro destino que estancarse en las Cortes,
puesto que no parece factible que el Grupo Parlamentario
Socialista apruebe un documento estatutario que sólo viene
refrendado por el Partido Popular de Ceuta. Por tanto, si se
quiere evitar un proceso larguísimo que mantenga al Estatuto
en un limbo político, siendo usado a conveniencia como arma
electoral, no queda otra que negociar.
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OPINIÓN / EDITORIAL
