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Son muchos los estudiosos sobre temas educativos que están
totalmente de acuerdo en el análisis de nuestro sistema
educativo. Y llegan a la siguiente conclusión: pasa por una
etapa muy delicada. “Está enfermo”. Se halla en fase
terminal.
La causa de esta alarmante “enfermedad” está en la
paralización de la LOCE, Ley de Calidad de la Enseñanza, por
el actual gobierno, una ley orientada a corregir los daños
causados por la LOGSE de 1990, que lo único que ha
conseguido ha sido una seria apuesta por la prolongación del
deterioro del sistema.
La comparación de España con sus socios europeos es una
prueba concluyente de que estamos cada vez más alejados de
las posiciones de los que formamos la Europa de los quince;
pero, con casi toda seguridad, más alejados de los nuevos
socios, lo que significa que el retraso de medidas
correctoras por la paralización de la LOCE, hace, a estas
alturas, matemáticamente imposible alcanzar las metas de
referencia acordadas en el seno de la Unión para 2010; y
lejos de converger, desde principios de 2000 estamos
divergiendo de los valores medios de la Unión Europea.
Entre los principales problemas de nuestro sistema, se
encuentran el elevado índice de abandono educativo temprano
y la baja tasa de graduación en Educación secundaria
superior (Bachillerato). Parece lógico que los Gobiernos
sientan la tentación de combatirlos con incrementos
presupuestarios, pero el dinero no es la solución, ya que se
piensa que “el gasto educativo difícilmente puede compensar
los efectos generalizados de políticas inadecuadas para la
mejora de los resultados escolares”. La rebaja de los
estándares académicos para lograr “una educación que
alcanzase a todos” ha dado como resultado los “valores
mediocres del rendimiento escolar en materias básicas”. Pero
todo no se puede cargar al Gobierno, sobre la deficiente
educación que imparte en España, de lo que son también
responsables las Comunidades Autónomas. (1)
Ahora aparece un nuevo problemas con la nueva asignatura de
Educación para la Ciudadanía, donde los contenidos pactados
entre el partido del Gobierno y otros, están “claramente
apartados del consenso social”. En particular, uno de los
partidos, a través de su portavoz, avisó que “si ese es el
camino” su grupo se verá forzado a denunciar “el fraude
político que pueda implicar el desarrollo de la ley,
respecto al espíritu y contenido del pacto”. Una situación
que hace tambalear el respaldo que la federación
nacionalista dio a la Ley Orgánica de Educación (LOE), sobre
todo después de haber consensuado con el PSOE que el
desarrollo de la norma se haría conjuntamente con la citada
federación.
Más allá de aspectos ideológicos, el gobierno socialista
debe tener en cuenta también las nuevas competencias
estatutarias para que el desarrollo competencial de la Ley
pueda ser aceptada. El portavoz de la ya citada federación
quiso dejar claro al Ejecutivo que “en función de cuál sea
el despliegue que el Gobierno socialista haga de la LOE, no
lo compartirá, y la Ley, en este caso, perdería uno de los
apoyos parlamentarios más importantes que tuvo”.
Por parte del Ministerio se asegura que “se ha apostado por
la renovación, la modernización, por ser un pilar de
progreso, que coincide con el resto de países europeos, y
aboga por una educación no discriminatoria en un contexto de
globalización. Asimismo dejó claro que “el Ministerio no va
a regatear en esfuerzos para lograr un mejor sistema
educativo”, aunque reconoció que es algo que también
requiere de “la ayuda y el apoyo de todos”. Y se acusa a los
grupos anti-LOE de adoctrinamiento. A veces, algunos de sus
mensajes dan la idea de que haya más voluntad de
adoctrinamiento por parte de esos grupos que mediante
nuestras propuestas, que son abiertas y sujetas a discusión.
No hay ningún afán de adoctrinamiento escolar por parte del
Gobierno, “ni de imposición” de ningún tipo de moral, y
pidió a quienes “quieran entrar en polémicas” que no
“caricaturicen” las propuestas del Ministerio. Asimismo
insistió en la necesidad de tratar en los centros escolares
la realidad cambiante de la familia.
Precisamente los contenidos de Educación para la Ciudadanía
no convencen a los padres católicos, quienes recurrirán “a
la objeción de conciencia” para defender a sus hijos de un
“adoctrinamiento que recuerda peligrosamente a los intentos
de las dictaduras por formar la conciencia colectiva de sus
pueblos”. Sostienen que seguirán enseñando a sus hijos que
“desde el respeto a todas las personas y a sus opciones
sexuales, no hay más que una única familia: la que forman el
padre y la madre con sus hijos”.
La polémica salta a raíz del tema “La familia y sus
distintos tipos”, que apunta que, dentro de los mismos, hay
lugar para las uniones de parejas homosexuales.
Conviene no olvidar que la nueva asignatura responde a una
recomendación de la U.E. para paliar el “déficit
democrático”. En principio la idea no era mala para
construir una Europa más consciente, más solidaria, más
participativa, más responsable y libre. Pero, el nuevo
“borrador” da la impresión que las buenas intenciones han
quedado parcialmente olvidadas. ¿Qué tendrán que ver el
“pluralismo moral” o la “sexualidad” con la recomendación de
la U.E.? ¿Qué derecho tiene el Estado a intervenir en las
conciencias de los ciudadanos? ¿Qué consistencia puede tener
esa falsa moral? Si algo está claro es que hay unos
profundos valores, una conciencia de compromiso para los
demás que sólo en la familia se aprende.
Una lucha, que se presenta antes de comenzar el curso, y que
da la impresión que la va a suspender el Gobierno. Y que
cuentan –los padres- con la “sintonía total de la
Conferencia Episcopal”, que afirma que la asignatura se
sitúa al borde de la constitucionalidad.
(1) “El legado de la LOGSE” de Francisco López Rupérez,
consejero de Educación de la OCDE.
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