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					La Comisión Nacional de Energía (CNE) establece una serie de 
					condiciones para la puesta en marcha de la opa de la empresa 
					alemana E.ON sobre Endesa. Su presidenta, María Teresa 
					Costa, calificó ayer de “asumibles” estos puntos que debe 
					cumplir la entidad extranjera. La central de Endesa en Ceuta 
					se ve implicada por esta serie de medidas. E.ON deberá ceder 
					el 30 por ciento de la producción energética de la empresa 
					nacional, es decir, 7.600 megavatios, y las Ciudades 
					Autónomas de Ceuta y Melilla así como el territorio insular 
					forman parte de este paquete. 
					 
					El objetivo del Gobierno se centra en garantizar el 
					suministro energético en estos puntos estratégicos, que por 
					sus características propias son más costosos. “El sistema 
					extrapeninsular consta de activos estratégicos por la 
					especificidad de estas infraestructuras eléctricas, por su 
					aislamiento y sobrecostes”, indicó la presidenta de la CNE. 
					Existen más preguntas sobre el proceso que respuestas. La 
					incógnita sobre la futura titularidad de la planta en Ceuta, 
					que puede ser nacional o como aseguró Costa, el sistema de 
					venta de los activos de Endesa “todavía se desconoce aunque 
					podrán optar empresas extranjeras” o laa cuestión de si este 
					proceso de compra impulsará la creación de un cable 
					peninsular que suministre energía a los ceutíes, tal y como 
					ocurre, con el norte de Marruecos. La portavoz de la Ciudad 
					Autónoma, Mabel Deu, reconoció ayer que se “comentó” el tema 
					en el Consejo de Gobierno pero que “todavía no conocemos la 
					noticia en todo su alcance, no tenemos todos los datos para 
					ofrecer una valoración”. La postura de la propia eléctrica 
					española es similar. Los portavoces de Endesa insisten en 
					que no entran en valoraciones porque “los acontecimientos 
					son muy recientes”. 
					 
					Posiciones 
					 
					El grupo alemán tiene un mes de plazo para interponer un 
					recurso de alzada contra la resolución de la CNE ante el 
					Ministerio de Industria. Por su parte, Gas Natural presentó 
					ayer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional 
					contra la decisión del Supremo de suspender cautelarmente el 
					acuerdo del Consejo de Ministros por el que se autorizó la 
					opa lanzada sobre Endesa. 
					 
					Las asociaciones de consumidores se mostraron ayer 
					escépticas con la opa de EON ya que apuntan que no acarreará 
					efectos positivos en la competencia ni una bajada de tarifas 
					para los usuarios.  
					 
					La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) no entró a 
					valorar los aspectos técnicos pero subrayó que el Gobierno 
					debe garantizar “una auténtica competencia” en el sector 
					eléctrico, algo que en la actualidad “prácticamente no 
					existe”. 
					 
					La Conferencia Española de Consumidores y Usuarios (CECU) 
					señaló que “han existido tantas interferencias políticas” en 
					el proceso que hacen dudar de que la solución se haya tomado 
					para favorecer a los usuarios. La Federación de Consumidores 
					en Acción (FACUA) recela de que “una de las empresas 
					referentes de España pase a manos extranjeras”. 
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					E.ON se reservará “todas las acciones legales a su alcance” 
					La empresa alemana E.ON manifestó 
					ayer que no ve justificación alguna por las condiciones de 
					la CNE que de momento conoce mediante “notificación “ puesto 
					que no han recibido la decisión por escrito. La entidad 
					destacó que estudiará las condiciones en detalle y “se 
					reserva todas las accione legales a su alcance”. 
					 
					E.ON aseguró que está totalmente “comprometida” con a 
					adquisición y cree que la operación beneficiará a “todos los 
					grupos de interés”, clientes, empleados, accionistas, así 
					como a “la economía española en general”. La Comisión 
					Europea también está a la espera de recibir información 
					oficial de las autoridades españolas para “estudiar” si las 
					condiciones impuestas por la CNE se ciñen a las exigencias 
					comunitarias. “No hemos recibido nada de las autoridades 
					españolas”, dijo el portavoz de la Comisión, Michael Mann. 
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