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ACTUALIDAD - DOMINGO, 23 DE JULIO DE 2006


circulación en ceuta. archivo.

transporte / carnet con puntos
 

Los transportistas ceutíes se sienten desprotegidos ante los comunitarios

Algunas multinacionales traen extranjeros
que no se rigen por el carnet por puntos
 

CEUTA
Rocío Maresco
rociomaresco@elpueblodeceuta.com

El presidente de la Asociación de Transportistas de Ceuta, José Antonio Carretero, denuncia la situación que vive la profesión con la implantación del nuevo carnet por puntos. El portavoz se queja de las prácticas abusivas que llevan a cabo algunas multinacionales.

“Están contratando a conductores comunitarios procedentes en su mayor parte de países como Rumania o Polonia porque no se rigen por el carnet por puntos, señaló.

Las infracciones para los profesionales de la carretera son más leves incluso pueden recuperar el carnet en la mitad de tiempo que el resto de usuarios, es decir, en tres meses. Sin embargo, Carretero opina que es una falta de consideración hacia el sector. “Un transportista no puede tener tres meses parado el camión”, sentenció.

El transportista insiste en que la situación en la Ciudad Autónoma ya es suficientemente difícil para que llegue competencia del mismo mercado comunitario. “Llegará un momento en el que no podamos competir con eso. Debería regularse de una manera unitaria en toda la Unión Europea”, dijo.

Carretero espera que la transferencia de competencias en materia de Transporte a la Ciudad Autónoma permita encontrar alguna alternativa.

A nivel nacional

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER) está dispuesta a solicitar a la Dirección General de Tráfico la inmediata modificación del sistema que establece el carnet por puntos, por las “graves discriminaciones” que va a provocar para los profesionales del transporte por carretera.

Esta organización, que agrupa a 30.000 empresas de transporte por carretera, apunta tres grandes riesgos para los transportistas españoles. Entre ellos, la discriminación de los conductores nacionales frente a los extranjeros. La retirada de los puntos sólo se aplicará a los conductores nacionales cuando el transporte está liberalizado en toda la Unión Europea desde 1998. Esto supone que aproximadamente el 51 por ciento del transporte internacional con origen y destino en España se realiza por conductores extranjeros mientras que representan sólo el 6 por ciento el del transporte interno, según datos de la Comisión Europea.

La preocupación de los conductores españoles se basa en el incremento que experimentará este porcentaje si se aplica el carnet por puntos tal y como está diseñado en la actualidad.

FENADISMER también critica el exceso de poder para los funcionarios de Tráfico que supone el procedimiento aprobado. Se refieren a la capacidad de retirar el permiso de conducir automáticamente. La organización cree que se les otorga mayor poder sancionador que a los jueces y magistrados del Código Penal con el agravante de desechar el principio de derecho a la defensa.

Los transportistas se quejan de que el hecho de la retirada automática del permiso ya es perjudicial para su actividad aunque posteriormente se anulara la sanción mediante un contencioso administrativo porque el conductor se enfrenta a la pérdida de su puesto de trabajo.

El último aspecto que provoca la protesta de los transportistas españoles es que el catálogo de infracciones sea superior para los profesionales que para los particulares, con “el agravante” de que algunas infracciones no afectan a la seguridad vial, sino a los problemas de tráfico urbano.

El aparcamiento de los transportistas de distribucción en un lugar indebido anta la imposibilidad de estacionar en los lugares reservados para la carga y descarga que están indebidamente ocupados es un problema latente en Ceuta, que afecta directamente a las reivindicaciones del sector a nivel nacional. La respuesta gubernamental no convence a los profesionales del camión, sobre todo, cuando observan que en el sistema francés o italiano la retirada del permiso, por ejemplo, es competencia exclusiva de los jueces, al contrario que en España.
 

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