Si la empresa denunciada está adherida a la Junta Arbitral
de Consumo, ésta puede dictar un laudo y el caso puede
incluso llegar a la Secretaría de Estado de Comunicaciones.
Se trata de un arbitraje, extrajudicial y voluntario, que
protege a los consumidores de los abusos de los empresarios,
y que ofrece resolver “con carácter vinculante y de manera
rápida y gratuita las diferencias surgidas”, según la propia
Junta.
Cuando el usuario hace la llamada a la operadora, lo ideal
es que ésta ejecute instantáneamente la operación requerida
por el consumidor -darse de baja, anulación de facturas...-
sin embargo, en ocasiones esto no pasa, es el momento de
reclamar.
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