La reforma de la Ley del Menor, la LO 5/2000, se encuentra
en trámite parlamentario para su revisión legal. Una
modificación calificada de “barbaridad” por el titular de la
Dirección General de Menores, Miguel Fábrega, que argumenta
su crítica a partir de la aplicación de la normativa en
jóvenes de 18 a 21 años. Es decir, los mayores de edad que
cometan delitos de carácter leve podrán ser juzgados bajo
las premisas de la Ley del Menor, una “aberración” a juicio
de Fábrega que, entre otras consecuencias, advierte del
“desbordamiento” que sufrirían los centros de menores que
gestiona la Ciudad Autónoma. “Por no hablar”, según explica
el director general del departamento, “de los costes, que
podrían alcanzar entre los diez y los doce millones de
euros” extra si esta aplicación se hace efectiva. La Ciudad
Autónoma ha realizado estudios valorativos de los
incrementos presupuestarios que supondría la revisión. En
todo los casos, determinan que sobrepasarían las
expectativas de Ceuta “en un cien por cien”.
A iniciativa de CiU
La iniciativa de aplicar la Ley del Menor en mayores de edad
(concretamente jóvenes de entre 18 y 21 años) surge de una
propuesta del grupo Convèrgencia i Unió en el Congreso. CiU
ha introducido una revisión referida al párrafo segundo del
primer artículo de la normativa, que permitiría aplicar lo
dispuesto en el artículo 3 a los mayores de edad. El
contenido del tercer punto es claro: el imputado por un
delito o falta de carácter leve, que no precise de
internamiento de tercer grado, podrá atenerse a las
directrices de la Ley del Menor. Para Fábrega esto es un
“sinsentido”: “Se va a aplicar la Ley del Menor a mayores de
edad”. Actualmente, la revisión ya ha salido del Congreso
con el visto bueno de los grupos, a excepción del Partido
Popular, y pasará ahora al trámite en el Senado. En una de
las reuniones entre las Comunidades Autónomas y el
Ministerio de Justicia sobre las reformas de la LO 5/2000,
“varias autonomías nos levantamos de la mesa porque se
partía de un concepto erróneo”, explica Fábrega, pero en
ningún momento la Dirección General se planteó que la
revisión legal llegase hasta estos extremos. “No sé el
interés que puede tener CiU en esto, pero es una verdadera
aberración”. |
Un giro de 180 grados para el próximo año
Hasta ahora, los jóvenes mayores
de 18 años que hubieran cometido delitos siendo menores sí
podían estar sujetos a las disposiciones de la LO 5/2000.
Ahora, a juicio de Fábrega, “se va a devolver a los mayores
a los centros de menores” dependiendo del delito cometido,
como una falta de desobediencia o un delito contra la salud
pública.
Una “incongruencia” a juicio del director general de Menores
que espera una reflexión de los parlamentarios antes de que
la revisión entre en vigor, previsiblemente el próximo año.
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